En medio de la conmemoración de los 39 años de la toma al Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Urán, que presuntamente fue torturado, desaparecido y asesinado por miembros del Ejército nacional, envió una petición al presidente Gustavo Petro, para que respalde su propuesta de que el Gobierno de Estados Unidos realice la desclasificación de archivos, en relación con este suceso.
La periodista reiteró su petición al mandatario colombiano, luego de que Petro diera su versión sobre la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, a través de su cuenta de X.
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“@petrogustavo busco que podamos crecer sin odios y como país (…) La verdad es dura, pero es la antesala a la reconciliación, la paz y la no repetición. Le pido que apoye mi solicitud para la desclasificación de archivos en relación a esa masacre”, dijo Urán en sus redes sociales.
El pasado domingo 3 de noviembre, Helena Urán entrevistó a José Dorado Gaviria, un exagente de inteligencia del Ejército, en la que asegura que durante la toma del Palacio de Justicia hubo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones ordenadas por los altos mandos de la institución castrense de la época.
En una entrevista para la revista Cambio, Dorado Gaviria explicó que se definían como objetivos a personas simplemente por tener contactos sospechosos, señalando que el proceso no requería más que una suposición basada en seguimientos y vigilancias previas.
Además, el exagente sostuvo que conoce el destino de varias de estas personas, entre ellos, a Irma Franco, cuya ejecución se habría dado al interior de un batallón de contrainteligencia del Ejército Nacional.
“Hubo otras personas que después de muertas, por el nivel de importancia que tenían, fueron devueltas al Palacio de Justicia para hacer creer que había muerto ahí. Eso se hizo para ocultar que esas personas habían muerto sometidas a interrogatorios de inteligencia o asesinadas con tiros de gracia”, comentó Dorado.
Las declaraciones del exmilitar al citado medio de comunicación fueron replicadas por el presidente Gustavo Petro, quien manifestó que hay dudas sobre la versión oficial sobre la partición del extinto grupo guerrillero M-19 en la Toma al Palacio.
“Muestra que la verdad oficial sobre el Palacio de Justicia es mentira. Mentira que se hizo para ocultar que premeditadamente personas de uniforme sub judice (sic) por delitos de tortura, que en masa se cometieron durante el gobierno de (Julio Cesar) Turbay, querían quemar las pruebas contra ellos y no les importó la vida de los magistrados, a quienes dispararon y que eran quienes adelantaban las investigaciones contra ellos”, escribió el mandatario en la red social conocida anteriormente como Twitter.
En la publicación, Petro sostiene que el M-19, el grupo guerrillero al que perteneció en su juventud, “cayó en la trampa tendida que llevó a la muerte a guerrilleros y magistrados”, y catalogó este hecho histórico como “el comienzo de la época de la toma mafiosa del Estado”.
Finalmente, el mandatario enfatizó en que estos hechos no deben repetirse en el país y reiteró su orden de que la fuerza pública sea fiel a la ciudadanía colombiana. “Esa época no debe volver más. El Estado de Colombia y su fuerza pública deben pertenecer exclusivamente a la ciudadanía. Ese es el principio de la democracia y la paz”, concluyó.
En el libro’ Mi vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985′, Helena Urán reveló la información confidencial por el Gobierno norteamericano, donde detalla una “considerable superposición de esfuerzos y conflictos potenciales” entre la policía y el Ejército de la época, lo que indicaba una coordinación deficiente en la lucha contra el terrorismo.
Según el informe, personal estadounidense estaba en contacto con al menos dos personas dentro del edificio, incluido alguien en la oficina de la Corte Suprema, y mencionó que un alto funcionario de inteligencia militar colombiano afirmó que las fuerzas colombianas habían sorprendido a los militantes del M-19 al inicio de la operación y ahora estaban a cargo de la situación, a pesar de los continuos disparos.
El informe adicional indicaba que Colombia había solicitado asistencia militar a Estados Unidos alrededor de las 4 de la tarde y que Estados Unidos estaba enviando un avión C-130 a Bogotá, programado para llegar esa noche a las 8:30 de la noche.