Ecopetrol, en cabeza de Ricardo Roa, vuelve a estar en el ojo del huracán por la presunta vinculación que tuvo con el paramilitarismo en Colombia. De acuerdo con Rutas del Conflicto y El Espectador, la compañía petrolera contrató a un paramilitar que estuvo involucrado en una masacre perpetrada en Barrancabermeja en 1999. Se trata de John Alexander Vásquez, alias Pepo, que en el proceso de Justicia y Paz de 2016 aceptó haber sido uno de los sicarios que mató a ocho personas y desapareció a otras dos.
El señalado criminal hacía parte de las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), responsables de los homicidios. Sin embargo, fue incluido en la nómina de Ecopetrol un par de meses después, según detalló el paramilitar en su confesión.
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Sus declaraciones fueron corroboradas por el ex subjefe de seguridad de la petrolera José Eduardo González Sánchez, que aseguró que tanto Pepo como otros dos soldados profesionales (r) fueron integrados a la empresa para que pudieran infiltrar a la Unión Sindical Obrera (USO) e identificar si había aliados de la guerrilla en el sindicato. El paramilitar permaneció contratado por la empresa entre 1999 y 2005.
Ecopetrol se pronunció sobre estos hechos, mediante una respuesta a un derecho de petición de Rutas del Conflicto, en la que se limitó a confirmar que Vásquez sí estuvo vinculado a la empresa. “Se reitera que las personas citadas, registraron con vínculo laboral o pensional directo con Ecopetrol, por lo tanto, sus actividades se sujetan a las disposiciones del derecho privado, y sus actuaciones no están cobijadas por el Derecho Administrativo”, indicó la compañía.
Por estos hechos, la Unión Sindical Obrera (USO) emitió un comunicado exigiendo a la empresa decir la verdad sobre su alianza con el paramilitarismo y el “genocidio” cometido contra el sindicato por agentes del Estado y de paramilitares. Según detalló, son varias las declaraciones judiciales que involucran a exfuncionarios de Ecopetrol con la infiltración al sindicato. Algunas de estas personas eran miembros retirados de las Fuerzas Militares que pasaron a ser comandantes de grupos paramilitares.
“Estos episodios publicados son un capítulo más de la sangrienta historia que vincula a Ecopetrol y sus jefes a nivel nacional y en la refinería de Barrancabermeja con muy graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario que se convierten en crímenes de lesa humanidad”, se lee en el comunicado.
Con respecto a la respuesta que dio la compañía en al medio, la USO indicó que es “vergonzosa” y que no será aceptada. En consecuencia, aseguró que “ya es hora” de que se revele la verdad sobre la violencia ejercida sobre los integrantes del sindicato, lo cual le corresponde al Gobierno nacional y a la estatal petrolera.
Asimismo, afirmó que Ecopetrol debería comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no solo para dar declaraciones, sino para desclasificar archivos y entregarlos como prueba de los hechos y para que sean utilizados para encontrar a las personas desaparecidas.
“La empresa debe responder por lo sucedido, reparar y pedir perdón a todas las víctimas de crímenes realizados por funcionarios protegidos por la empresa. Creemos que la política de la petrolera no debe ser la de evadir responsabilidades, callar y omitir el cumplimiento de sus obligaciones”, precisó.
En junio de 2024, el exparamilitar Salvatore Mancuso confirmó que la petrolera no solo financió a grupos paramilitares, sino que auspició la ejecución de acciones delictivas en torno a la producción de hidrocarburos. “Nos daban los listados, sabíamos qué tipo de combustible estaban movilizando en ese momento y además existían tinturas para la gasolina que nos entregaba Ecopetrol para poder venderlas de manera legal a las estaciones de servicio”, contó a El reporte Coronell, de Daniel Coronell.