La Comisión de Energía y Minas del Congreso respaldó una cuestión previa, solicitada por la vicepresidenta del equipo de trabajo, Diana Gonzales, a fin de que el texto sustitutorio, que proponía una nueva prórroga, retorne a secretaría técnica. Con ello, se espera tener un mayor debate y acumular al predictamen el texto anunciado por el ministro del sector, Rómulo Mucho.
El documento devuelto, elaborado con la participación de asesores de la comisión, sugería extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que concluye el 31 de diciembre de 2024, por 24 meses adicionales, hasta 2026. Además, que este plazo se ajuste a la entrada en vigor de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), cuya propuesta aún no ha sido enviada al Congreso por el Ejecutivo.
En declaraciones a Canal N, la legisladora cuestionó la postura del presidente Paul Gutiérrez, quien insistió en que se apruebe dicho predictamen y se vea por separado el anunciado por el titular del Minem. Asimismo, que no se haya respetado la continuación de la anterior sesión.
“Al inicio lo precisé, esta es la continuación de la sexta. Por ende, en estricto, el cuarto intermedio se ha debido respetar, pero Paul Gutiérrez quiso seguir con el debate. En ese sentido, plantee una cuestión previa que ha sido respaldada para esperar el famoso proyecto del Ejecutivo que en teoría mañana se debería discutir en Consejo de Ministros e ingresar el jueves al pleno. Mi cuestión es que ambos textos se acumulen y sea el mismo ministro quien venga a sustentar el proyecto de ley”, mencionó.
Recordó también que el ministro “tiene más de 3 meses sin sustentar políticas del sector, algo que ha debido hacer en agosto y si tanto le preocupaba al presidente de la comisión este tema, también ha podido empezar a debatir en agosto y no esperar a último momento como ahora”.
“Se ha notado muchísima desesperación por parte del presidente de la comisión, de hecho yo pensé que estaba en campaña y no sabía qué más decir para que apoyen su posición en contra de la cuestión previa que yo había planteado. Yo entiendo que los presidentes dirigen el debate, más no hacen una campaña ni politizan un tema particular”, acotó.
Mientras el Congreso evalúa una ampliación, el Tribunal Constitucional hace lo mismo, a partir de una demanda de constitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto. Durante la audiencia, llevada a cabo este martes, se expuso que la norma beneficia a la minería ilegal.
“Queremos que cualquier actividad se desarrolle cumpliendo los estándares y que se respete el ecosistema de la Amazonia. No incidimos que se excluyan, sino que se cumplan la ley. Los mineros informales no generan sicariato o destrucción, afectación ni daños ambientales como la actividad ilegal en Madre de Dios”, dijo uno de los ponentes.
“Hace 22 años tratamos de formalizar a la minería, era un régimen excepcional. Ahora, se pretende seguir prorrogando y por eso, solicitamos que se declare fundada la demanda porque el régimen no tuvo resultado. El porcentaje de formalización no llega al 2 %”, agregaron.
Adicional a ello, la Procuraduría Pública del Poder Legislativo expuso que “en la práctica, se ha demostrado que estos 3 años de prórroga se ha permitido cumplir con las finalidades que se establecieron en la Ley: aprobar la política, iniciar la implementación de acciones para dar cumplimiento a esta política, y poder darle espacio suficiente al Ejecutivo para que presente la Ley MAPE. Estamos a la espera de su presentación definitiva para su aprobación por el Congreso”.