Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la empresa intervenida por el Estado Nacional y situada al suroeste de la provincia de Santa Cruz, estuvo envuelta en diversos escándalos por presuntos hechos de corrupción. El último condujo a la Casa Rosada a echar a su interventor. Con la idea de evitar su privatización y garantizar los más de 2.000 puestos de trabajo, el gobernador Claudio Vidal logró que se designe a alguien de su confianza en ese puesto. Un ambicioso plan de reactivación de la Usina que licitó el kirchnerismo hace 17 años, un déficit de U$S 70 millones y negociaciones con China para la compra de carbón son los desafíos de la nueva gestión.
Desde 2002 YCRT es una empresa intervenida por el gobierno nacional. Eso le concede la potestad de designar a su interventor, pero en la mayoría de los casos termina siendo una negociación con el gobernador santacruceño.
La compañía minera es un foco de preocupación para la administración de Claudio Vidal. Determinado a que no se privatice, diseñan un plan de trabajo para -al menos- garantizar la cobertura de los gastos corrientes que demandan el envío de 5 millones de dólares por mes, por parte del Estado nacional para su funcionamiento.
Ese flujo constante de las arcas públicas hacia la empresa minera es uno de los grifos que el presidente Javier Milei busca cerrar: YCRT integra la lista de compañías a privatizar. Pero el gobernador de Santa Cruz cree que no es el camino.
Después de que tras la publicación de Clarín la Casa Rosada echó a Thierry Decoud por un presunto circuito de coimas que investiga la justicia, y en acuerdo con Guillermo Francos, el gobierno provincial logró que se designe como interventor a alguien de la confianza de Vidal. Al frente de YCRT fue nombrado desde el 1 de octubre, Pablo Gordillo Arriagada, de la localidad de Caleta Olivia (norte de Santa Cruz).
En carpeta hay al menos dos planteos que la semana próxima se presentarán en la Casa Rosada: por un lado reactivar la Usina Termoeléctrica que el anterior interventor había apagado tras contabilizar una pérdida diaria de 30 millones de pesos. La actual gestión entiende que es necesario reactivar la única caldera que se construyó.
Tanto la compañía minera como la Usina llamada “14 mineros” por el siniestro de 2004 que se cobró la vida de los trabajadores del carbón, estuvieron rodeadas de denuncias por corrupción, que por ejemplo causaron el desafuero de Julio De Vido en la Cámara de Diputados para ser encarcelado, acusado de haber desviado más de 176 millones de pesos del presupuesto para una de sus obras. O la declaración del chofer Oscar Centeno ante la justicia de España, que acusa a la empresa de ese país Isolux Corsán por el pago de coimas a los funcionarios K durante la construcción de la usina termoeléctrica planeada para generar electricidad con el carbón de Río Turbio.
Esa Usina, que también está bajo la órbita de YCRT, es una histórica promesa kirchnerista, según la cual cuando esté terminada debería sumar energía al Sistema Interconectado Nacional 240 megavatios. Diecisiete años después de su licitación sigue inconclusa y apagada. Según pudo saber Clarín, el interventor Pablo Gordillo Arriagada le planteará al jefe de Gabinete de la Nación la necesidad de reactivar la única caldera que se construyó.
Si bien la Usina está operativa porque estos meses se realizaron diversas tareas de mantenimiento, sucede que la empresa tiene una deuda de 6.000 millones de pesos con proveedores, que es indispensable cancelar para retomar la generación de energía.
También se deben volver a gestionar los correspondientes permisos con CAMMESA y el ENRE para poner en marcha la Central Termoeléctrica.
Esta iniciativa está atada a la propuesta neurálgica de la intervención de YCRT: poder generar ingresos propios con la exportación de carbón.
Hace diez días el gobernador Vidal estuvo en China con dos temas en agenda: reactivar la obra del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz y conseguir compradores para el carbón que se extrae de YCRT.
“La empresa no es rentable pero podría llegar a cubrir su déficit mensual”, señalaron fuentes oficiales a Clarín. El objetivo es poder exportar el carbón que se extrae de la mina.
El recurso mineral está, se encontraron con cuatro frentes de explotación que si bien nunca funcionaron en simultáneo -en el presente sólo se utiliza uno-, la tecnología aplicada “es buena y las condiciones de las instalaciones están muy bien”, indicaron desde la empresa.
Si bien se consiguieron interesados en la compra del carbón, las condiciones son complejas de cumplir. En China se planteó una inversión para adquirir 70 mil toneladas del mineral, una cantidad que YCRT no posee.
En dos meses, la empresa santacruceña podría extraer 40 mil toneladas en dos meses, y para eso, además, necesita que la Usina “14 mineros” esté funcionando.
La demanda de carbón afronta un problema logístico, también. Los números del primer semestre del año muestran que la producción de carbón en mina es 49,091 toneladas, pero el problema no es la cantidad de carbón que se extrae sino la capacidad de tratamiento de la planta depuradora, porque ese es el mineral que se puede enviar a puerto para su venta.
La planta depuradora sólo puede procesar de 15 a 20 toneladas por mes. “La empresa necesita al menos una planta depuradora más y tres trenes”, explicaron fuentes de YCRT.
Todo parece ser una cuenta matemática. En el puerto de Punta Loyola deben contar con 25.000 toneladas de carbón para mover un barco de exportación. Ese carbón representa unos 3 millones de dólares que percibiría YCRT.
El desafío es obtener ese nivel de actividad. El carbón que se extrae en la mina viaja por tren hacia el puerto. Ese recorrido también es operado por personal de YCRT. Son diez horas de recorrido, una locomotora con 45 vagones que carga 16 toneladas cada uno.
En diciembre la locomotora no estaba funcionando y a la fecha realizará su tercer viaje. La calculadora muestra que cada viaje de ese tren son 720 toneladas: necesitan una frecuencia constante y mucho más carbón para llegar a las 25.000 toneladas exigidas en puerto.
Ante la consulta de Clarín, fuentes provinciales señalaron que la empresa puede llegar a las 70 mil toneladas que los inversores chinos están dispuestos a cobrar, pero para eso requerirán de la ayuda de la Casa Rosada.