El juez federal Sebastián Casanello rechazó un pedido de la querella en el tramo de la causa conocida como la Ruta del Dinero K en la que aún se encuentra imputada por lavado de dinero Cristina Kirchner. Bases Republicanas había solicitado que se anule el último dictamen del fiscal Guillermo Marijuan a través del cual reiteró que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación contra la ex vicepresidenta.
El 30 de julio, la organización Bases Republicanas pidió la nulidad del dictamen fiscal que había pedido el sobreseimiento de Cristina en esta causa, en la que Lázaro Báez -su ex socio comercial-, ya fue condenado a diez años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares. Para esta maniobra utilizó a la firma Austral Construcciones, la misma que, segúndo se estableció en el juicio por el caso Vialidad, se consignó como adjudicataria de 51 licitaciones viales de forma irregular, ocasionando un perjuicio al Estado estipulado en 80.000 millones de pesos.
“He realizado un análisis en punto a si alcanzan las probanzas para trascender procesalmente al menos a un procesamiento atribuyendo a la imputada, con pruebas suficientes, un rol como autora o partícipe de las maniobras concretas de lavado de dinero investigadas. Y, frente a ello, he tenido una respuesta negativa, y así la he expresado», escribió el representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen que cuestionó la querella, Bases Republicanas.
La Cámara Federal de Apelaciones había revocado el sobreseimiento que Casanello, por pedido de Marijuan, había firmado a favor de Cristina Kirchner.
Después de aceptar como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, los jueces de la Sala II del tribunal aceptaron su reclamo: los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi -con la disidencia de su colega Eduardo Farah– ordenaron la reapertura de la investigación y que volviera a manos de Casanello.
Ante este escenario, el fiscal Marijuan volvió a intervenir. Al pronunciarse sobre el caso, reiteró su criterio: “la prueba reunida resulta insuficiente para avanzar en la imputación que le fuera dirigida» a Cristina Kirchner, y que por eso el año pasado pidió su sobreseimiento. Un parecer «que mantengo en todos sus términos».
Pese a que reconoce la relación entre Cristina, el expresidente Néstor Kirchner y el empresario Báez, el fiscal manifestó: “Existen probanzas que refuerzan ese vínculo, pero que no la ubican a la imputada Fernández en ningún tramo del delito de lavado de dinero que se investiga en estas actuaciones para poder procesarla o someterla a juicio como parece pretender la querella”.
Justamente, la querella de Bases Republicanas presentó un escrito ante el juez Casanello, en el que remitió a ciertos argumentos de los camaristas Bertuzzi y Llorens, que ordenaron la reapertura del caso, para pedir que el dictamen de Marijuan sea «descartado» y él mismo «sea reemplazado por otro magistrado del Ministerio Público Fiscal.
Pero Casanello consideró que la Cámara Federal valoró la prueba «de manera incriminante mas sin decidir el agravamiento de la situación procesal”. Un limbo.
El juez también recordó la disidencia del camarista Eduardo Farah, y otro argumento de Marijuan para beneficiar a Cristina Kirchner: “el fiscal federal consideró fundamental destacar que, el 20 de marzo de 2019, esa misma Cámara de Apelaciones, con idéntica composición y mientras la imputada Cristina Fernández detentaba un cargo público como Senadora de la Nación, había confirmado su falta de mérito valorando y teniendo amplio conocimiento no solo de esta causa sino también de otras que estaban en trámite, mencionando así las causas “Hotesur-Los Sauces”, “Vialidad”, y “Cuadernos”, recordó Casanello en referencia a lo expuesto por el fiscal.
En su resolución -firmada luego de consultar a la AFIP, la UIF y los abogados de Cristina, todos partes del expediente- Casanello ponderó favorablemente el rol del fiscal Marijuan: “ha sido el fiscal del caso por más de diez años», con «un rol protagónico en los hallazgos y en el avance de las distintas imputaciones que derivaron finalmente en severas condenas e importantes decomisos. Fue él quien requirió múltiples elevaciones a juicio que incluyeron una treintena de personas imputadas por el delito de lavado de activos, cometidos en el marco de una organización criminal. Fue él quien incorporó como imputada a Cristina Fernández, quien solicitó se la escuchara en indagatoria y luego consintió la declaración de falta de mérito. Todo ello ocurrió antes de que la ONG Bases manifestara su interés en el expediente”.
La conclusión del juez fue, entonces, que el dictamen de Marijuan “se encuentra debidamente fundado», y que los aspectos cuestionados no responden “a cuestiones de validez sino frente a diferencias sobre el mérito de la prueba, lo que remite a un ámbito de discusión absolutamente distinto. Sincerar esta cuestión, claro está, supone admitir que el Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador. Es decir, la presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma. Si bien esto no sería una rareza, sí es absolutamente inédito que ocurra en las condiciones actuales del expediente”.