El Gobierno de Milei y la Justicia argentinos hicieron en estos meses un esfuerzo para tratar de evitar que esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en París, envíe a la Argentina a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero por la gestión en la materia de la administración del ex presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La votación será el jueves.
Entre el 2015 y el 2019, la Unidad de Información Financiera (UIF) en manos del kirchnerismo, por ejemplo, se retiró como querellante o no acusó por lavado a Cristina Kirchner y otros funcionarios en causas de corrupción y fue usada por perseguir opositores y periodistas y cayeron las estadísticas de producción de informes de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Argentina ya estuvo en la lista gris del AFI durante la segunda presidencia de Cristina, lo que implicó una baja calificación que perjudicó el pedido de créditos a organismos como el FMI y el Banco Mundial.
Juan Tomás Rodríguez Ponte, representante de la Justicia ante el GAFI.En caso de no aprobar esta semana en París el examen, el GAFI pondrá a la Argentina en una lista gris de 22 ya sancionados como Albania, Barbados, Burkina Faso, Cameroon, Islas Cayman, Croacia, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Malí, Mozambique, Nigeria, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Arabes Unidos, Vietnam y Yemen.
Para tratar de no volver a quedar en la lista gris del GAFI,desde la UIF de Milei dirigida por Ignacio Yacobucci se impulsaron una serie de medidas para tratar de evitar esa sanción. Por ejemplo, se sancionó la ley 27.739. que incluyó a los proveedores de servicios de criptomonedas y los abogados como sujetos obligados de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
También se incrementó el monto de multas y sanciones a bancos y financieras que podrían llegar 100 millones de pesos.
En materia regulatoria UIF y la Comisión Nacional de Valores (CNV) regularon la normativa financiera con enfoque basado en riesgo y la AFIP reguló el registro de beneficiarios finales de operaciones financieras.
Por su parte, la Corte envió al director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), Juan Tomás Rodríguez Ponte, en representación de la Justicia al plenario del GAFI en París de esta semana.
El trabajo detrás de todo el proceso de evaluación fue hecho el Estado argentino a través del llamado Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y el equipo evaluador del GAFI.
Ese comité entregó “estadísticas en materia de lavado de activos y recupero de gran parte del Poder Judicial de la Nación que permitieron dar cuenta al equipo evaluador del trabajo realizado por el Poder Judicial y, a su vez, convertirse en un insumo fundamental para la toma de decisiones que mejoren la efectividad”, contaron las fuentes. El informe fue elogiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Rodríguez Ponte fue entrevistado por el equipo evaluador durante la visita in situ llevada adelante en Buenos Aires durante el mes de marzo de 2024. Luego en agosto Rodríguez Ponte participó en la delegación argentina del face to face en Francia. “Esta fue la última instancia de debatir con el equipo evaluador del GAFI las cuestiones de efectividad en materia de prevención, persecución y condena de LA/FT”, contaron las fuentes.
Estos informes permitieron “obtener una mejora en la calificación tentativa” de parte de los evaluadores, según las fuentes.
La Corte Suprema a través de Rodríguez Ponte participó de las tareas de “de requerimiento, recopilación y sistematización para su presentación ante el equipo evaluador” del GAFI.
Este trabajo “demuestra el compromiso del Poder Judicial de la Nación, a través de sus máximas autoridades, en la prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, destacaron fuentes judiciales.
Una de las principales objeciones a la actuación de Argentina entre el 2015 y 2019, luego de la gestión de Mariano Federici y María Eugenia Talerico durante la gestión de Macri que reincorporó a la Argentina al sistema de intercambio de información de inteligencia sobre plata negra, es la pérdida de autonomía de la UIF del gobierno de turno.
Bajo a gestión del gobierno de la Unión por Todos “se verificó una interferencia indebida, ya que varias fuentes dieron cuenta de que la UIF recibía instrucciones políticas del Gobierno Nacional sobre cómo actuar”, explicó una fuente judicial a Clarín.
En principio, Alberto Fernández nombró al frente a la UIF al abogado Carlos Cruz que no tenía ningún expertise en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo pero era su amigo. Y como vice de la UIF se designó a Mariana Quevedo, vinculada a Cristina Kirchner y el Instituto Patria.
Al poco tiempo de asumir, Alberto F. dio a entender en una entrevista que habría tomado conocimiento de al menos un reporte de operación sospechosa (ROS) vinculado al caso Vicentin. Pero los ROS son secretos a menos de que se abra una causa judicial.
Con la llegada de Cruz a la UIF “cayeron todas las estadísticas. Especialmente los informes de inteligencia emitidos a la Procelac y a la justicia, pero también los intercambios de inteligencia con otras UIF del mundo”, afirmaron las fuentes.
La UIF bajo Cruz pidió solo 8 años de prisión para Lazaro Baez en su alegato en la causa Ruta del Dinero K, siendo que se trataba de uno de los lavadores más importantes de la región cuando debía haber solicitado 16 años de prisión. Finalmente, fue condenado a 10 años.
Después empezaron las peleas entre Cruz y Quevedo mientras el kirchnerismo presionaba para que la UIF dejara de ser querellante en causas contra Cristina y otros funcionarios K. En 2021, Cruz y Quevedo renunciaron y fue nombrado al frente a la UIF, el abogado Juan Carlos Otero, vinculado a Máximo Kirchner.
Pese a que la UIF había aportado en la causa Ruta del Dinero K “75 pruebas para demostrar que Lázaro Báez era el testaferro de Néstor y Cristina”, Cruz adhirió al dictamen del fiscal Guillermo Marijuan pidiendo el sobreseimiento de la ex presidenta.
En la gestión de Otero, por su parte, la UIF no acusó a Cristina en la causa Vialidad y sostuvo que no se debía celebrar el juicio oral de la causa Hotesur/Los Sauces.
Por otra parte, la UIF bajo los K no logró asegurar el decomiso y recupero de esos bienes en favor del Estado cuando se detectó que el ex secretario privado de Cristina, Daniel Muñoz, había invertido 70 millones de dólares en inmuebles en Miami y Nueva York, entre otras actuaciones que ahora están bajo la lupa del GAFI.