La Cámara Federal de Casación Penal tomó este jueves dos decisiones que complican la situación judicial del ex ministro de Planificación Julio De Vido, condenado por la Tragedia de Once y por la compra de trenes chatarra a España pero con solo arresto domiciliario. Por un lado, respaldó el juicio oral y público de la causa Odeberecht que empezará el 7 de abril de 2025 al rechazar un recurso extraordinario del ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Por otro, rechazó tres quejas interpuestas por los letrados de Mario Rovella –representante de la empresa constructora Rovella Carranza S.A- en una causa paralela al caso de los Cuadernos de las Coimas en la que también está procesado De Vido.
En el primero de los casos, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con intervención de los magistrados Carlos A. Mahiques, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, declaró inadmisible ese recurso presentado por el defensores del ex ministro Maximiliano Rusconi, informaron fuentes judiciales a Clarín.
La defensa de De Vido critica los requerimientos de elevación a juicio de los acusadores y al modo en que ciertas pruebas fueron incorporadas al expediente judicial, especialmente aquellas que provienen de los procesos judiciales que tramitan en la justicia brasileña por el “Lava Jato” y la forma en la cual fueron introducidas a esta investigación.
En ese juicio oral será debatirá si existieron irregularidades en el marco del proceso de licitación para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por “Aysa” en el año 2007: la Planta de Potabilización “Paraná de las Palmas” (adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina – Benito Roggio e Hijos SA – Supercemento SAIC – José Cartellone Construcciones Civiles SA).
Y, también, de la Planta Depuradora “Sistema Berazategui” (a cargo de la Unión Transitoria de Empresas conformada por Camargo Correa Sucursal Argentina-Esuco SA).
Más precisamente, si hubo direccionamiento por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios y pago de coimas por parte de los empresarios para imponer las condiciones de ejecución necesarias para salvaguardar los intereses particulares de aquellas compañías en detrimento del interés público que debía perseguir AySA.
Los jueces de casación consideraron, en consonancia con el fiscal que la vía extraordinaria pretendida por los defensores de De Vido para que la Corte Suprema de Justicia trate la cuestión no puede ser autorizada, por no tratarse de una sentencia definitiva ni equiparable a tal categoría, y porque no se alcanzó a demostrar una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar esa competencia.
Por otra parte, La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Carlos A. Mahiques, Gustavo M. Hornos y Guillermo J. Yacobucci, rechazó tres quejas interpuestas por los letrados de Mario Rovella –representante de la empresa constructora Rovella Carranza S.A.-.
Lo hizo en el marco de la causa CFP 13816/2018, que constituye un desprendimiento de la investigación iniciada por el ex juez federal Claudio Bonadio, conocida como la causa de los “Cuadernos de las Coimas”.
En ese caso se investiga una presunta asociación ilícita, en la que fueron involucrados la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, y otros funcionarios del Estado Nacional y empresarios, cuya finalidad habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015.
En ella causa se abordó el sistema de recaudación ilegal antes aludido en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado con las obras públicas civiles adjudicadas en el marco de la Dirección Nacional de Vialidad.
En dos de las tres presentaciones directas ante el Máximo Tribunal penal del país, la defensa pretendía que se revise la validez de la declaración indagatoria de Rovella y de una medida de análisis de entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas ordenada por Bonadio.
Los jueces Hornos y Yacobucci, que conformaron el voto mayoritario, sostuvieron que las decisiones impugnadas no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tal, y que no se advertía la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que permita hacer una excepción en el caso. En cambio, el juez Mahiques votó en disidencia.
Respecto a la tercera queja, que intentaba revertir el rechazo del Tribunal Oral al planteo de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal, en este caso por unanimidad, rechazaron de plano la pretensión.