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La Corte uruguaya confirmó la condena para «El Cachila»

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay confirmó la condena a ocho años de prisión para Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias «El Cachila», por encubrir el homicidio de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en diciembre de 2014 en la playa de Barra de Valizas.

«La familia de Lola hoy tiene un poco más de paz. La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación y queda firme la condena por encubrimiento. Pasaron nueve años. Trabajo, constancia y rigor técnico son los caminos», escribió en su cuenta de X el abogado de la familia de Lola, Jorge Barrera.

Ángel Eduardo Moreira Martínez había sido absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero la Fiscalía que intervino en el caso apeló esa decisión y el Tribunal revocó en febrero del año pasado el fallo y lo condenó a ocho años por «encubrimiento». Como la condena no estaba firme, fue entonces cuando su abogada presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte para que revisara el fallo de segunda instancia, pero la SCJ desestimó el recurso de interpuesto y dejó firme el fallo del Tribunal, por lo que Moreira deberá cumplir la condena.

«El Cachila» salió de la cárcel en junio de 2022 tras la absolución de primera instancia, aunque luego volvió a quedar detenido durante unos meses por violar una restricción de acercamiento solicitada por su expareja y por la que le finalmente le fijaron un arresto domiciliario.

La absolución del hombre fue apelada en su momento por la exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había requerido una condena de 10 años de prisión. Mientras que el fallo de Apelaciones, a cargo de los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli, resolvió por unanimidad que le correspondían 8 años de cárcel.

El letrado sostuvo: «Era el fallo que estábamos esperando, después de 9 años de tanto dolor y angustia por la familia. Por más que la respuesta sea tardía, se ratifica lo que habíamos obtenido tanto la fiscal de Rocha Jéssica Pereyra como nosotros los abogados patrocinantes de la familia, de que «Cachila» estaba en el lugar de los hechos y que su conducta merecía un reproche penal».

Barrera señaló que «es un gran avance, pero no es la respuesta definitiva», y en ese sentido dijo que «todavía queda otra instancia» y esperan que «cierre en 2024 con la condena de quien está siendo sometido a proceso».

Por el homicidio de Lola está detenido Leonardo David Sena como presunto autor del femicidio y para quien la fiscal de Rocha, Mariela Núñez, pidió en marzo pasado una pena 30 años de prisión, la máxima establecida en el Código Penal de Uruguay para el delito de «homicidio muy especialmente agravado». Para el abogado Barrera, la Justicia debería expedirse antes de la feria judicial de mitad del año y la sentencia tendría quedar firme en el transcurso del año.

Sena, que ya tenía antecedentes penales por otros dos hechos, fue detenido en mayo de 2022 en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, luego de que distintos testigos señalaron que era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha, y que un cotejo de ADN dio positivo respecto de su sangre y la hallada en la escena del crimen.

El femicidio de Lola

Lola Luna Chomnalez Belmonte tenía 15 años cuando desapareció el 28 de diciembre de 2014 mientras estaba de vacaciones en casa de su madrina en Valizas. Dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa en una zona de médanos. Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

La hipótesis de la fiscalía, es que la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

«El Cachila» fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que «estuvo presente antes, durante y después del homicidio» de la adolescente.

Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.

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