Casi 200 productores presentaron una demanda en la Justicia contra la Tasa Esencial de Servicios de Azul

En un comunicado en el que expresan

190 socios de la Sociedad Rural de Azul iniciaaron acciones legales contra la Municipalidad de ese distrito en la provincia de Buenos Aires. La demanda colectiva “en defensa de los ciudadanos azuleños”, busca detener la implementación de un nuevo tributo municipal bajo la denominación de “Tasa por Servicios Esenciales”.

El anuncio llega después de un prolongado “esfuerzo gremial” y numerosas advertencias sobre la posible “ilegalidad de la medida”. La entidad, que representa un 30% de las hectáreas rurales del partido, considera que la imposición del impuesto afecta tanto a los ciudadanos urbanos como rurales.

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“En mayor o menor medida, la arbitrariedad afecta a la totalidad de los ciudadanos. Hubiéramos preferido ser escuchados, pero, ante la inflexibilidad, no quedó otra que accionar judicialmente, en defensa de los azuleños, en contra de nadie”, afirmaron desde la entidad.

En ese sentido, la determinación de recurrir a la Justicia ya había sido anunciada por agricultores de la localidad cuando el Concejo Deliberante aprobó la nueva carga tributaria en noviembre pasado.

La demanda cuenta con el respaldo de 190 socios de la Sociedad Rural de Azul

En una decidida acción respaldada por los estudios jurídicos Comparato-Velez y Bomchil, la Sociedad Rural de Azul avanzó con la demanda que abarcó exhaustivas reuniones informativas, numerosos contactos telefónicos con productores y la meticulosa recopilación de documentos esenciales. La magnitud de la demanda es evidente, ya que “cuenta con el respaldo de 190 socios, representan un 29,2 % de la extensión rural del distrito, equivalente a 190.975.80 hectáreas”.

En tanto, la trascendencia de esta cifra cobra aún más peso al considerar que es solo una de las varias demandas similares presentadas sobre el mismo tema. De manera pública se conoce que otro grupo importante de productores y comerciantes emprendió acciones legales a través de los abogados Moroni y Merbilhaa, además de aquellos que optaron por litigios individuales. Este panorama refleja “un descontento generalizado ante una medida considerada ilegal e inconsulta. Y aguardan con expectativa la corrección que pueda imponer la Justicia”, señalaron.

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En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Azul, Hernán Moreno, expresó sus opiniones en una entrevista con Radio Azul sobre la reciente presentación judicial. “Estamos en contra de la tasa y de aumentar impuestos, lo que le hace muy mal a toda la actividad privada”, afirmó Moreno.

Destacó que en momentos de mayor producción y recaudación de impuestos, el Estado no mejoró su desempeño en áreas de su competencia. También subrayó que los recursos se han utilizado para “seguir comprando votos y no para el crecimiento del país”.

Además, admitió que aunque seguiría en desacuerdo, sería más fácil afrontar el costo de la tasa si fuera inferior al establecido. En el ámbito local, señaló que el estado municipal reconoce tener una dotación de empleados enorme, más alta de lo necesario, y agregó: “Si las cuentas no cierran, tenemos que empezar a mirar adentro, y gobernar para el Partido y no para el Municipio”.

Sobre los tiempos de la demanda, Moreno indicó que la cautelar debería salir en pocos meses con más celeridad, seguida de los tiempos judiciales.

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La creciente tendencia de llevar a cabo acciones judiciales proporciona una clara señal del rechazo generalizado hacia la medida impulsada por el oficialismo local en Azul. Según las cifras proporcionadas por el intendente Nelson Sombra, aunque cuestionadas por el concejal Juan Louge, la recaudación durante el primer mes de implementación representó apenas un 35 al 40 % de la estimación inicial para esta “inusual imposición”.

En este contexto, la situación de baja recaudación sería aún más desfavorable considerando que, en ciertos casos, los contribuyentes optaron por abonar mensual, trimestral o incluso anualmente “bajo protesta”. Esto implica que, en caso de que la medida sea revertida judicialmente, el Municipio podría encontrarse en la posición de tener que reembolsar los montos percibidos.

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Contrariamente a algunas afirmaciones, desde la entidad gremial aclararon que “ni la judicialización ni la falta de pago pueden atribuirse a una conducta anti fiscalista o a la falta de solidaridad del sector productivo”.

Finalmente, explicaron que los datos muestran que, durante enero, el municipio de Azul logró recaudar alrededor de $35 millones en concepto de “Tasa de Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal”, manteniendo así una cobrabilidad histórica cercana al 90%, a pesar de las evidentes deficiencias en la prestación de dicho servicio.

Además, señalaron que deben considerarse otras obligaciones municipales, “como aquellas recaudadas a través de guías, así como decenas de impuestos provinciales y nacionales, muchos de los cuales son coparticipables”.