De la mano del alineamiento del presidente Javier Milei a Washington, la Argentina se incorporó -a principios de mes- a la base de datos del FBI llamado Vanguard para intercambiar información en tiempo real sobre terrorismo internacional, narcotráfico, lavado de dinero (especialmente con criptomonedas) y otras formas de crimen organizado.
El Vanguard es “como un comando tripartito virtual en tiempo real que permitirá intercambiar informes entre Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Brasil”, explicó a Clarín una alta fuente del ministerio de Seguridad. Y el FBI solo lo comparte con gobiernos aliados.
“No se circunscribe a la Triple Frontera y al narcotráfico, sino a todas las dimensiones y jurisdicciones”, precisó la fuente.
Bullrich firmó el acuerdo y “se está por empezar a formar a los analistas de las fuerzas para que en pocos meses comience a funcionar a full en una nueva instalación”. En este contexto, el viernes se reunió con el embajador de EE.UU. Marc Stanley para aumentar aún más la cooperación en esta sensible materia del crimen organizado.
El Vanguard funcionó para la Argentina, por primera vez, en el caso de los tres sospechosos de terrorismo detenidos por los juegos macabeos en Buenos Aires, pero que la jueza María Eugenia Capuchetti liberó la semana pasada por falta de pruebas.
Este tipo de acuerdos se implementan a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y la Procuración de Justicia de los Estados Unidos (INL).
El viernes pasado durante una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el embajador Marc Stanley se acordó aumentar las capacitaciones para las fuerzas de seguridad argentinas sobre todo en materia de trazabilidad de criptomonedas, lavado de dinero, drogas sintéticas y terrorismo internacional.
“Estamos orgullosos de nuestra colaboración con Argentina en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas sintéticas y las organizaciones criminales transnacionales” escribió Stanley en Twitter.
Luego, el diplomático dijo que “ha sido un verdadero placer reunirnos hoy con la ministra Patricia Bullrich y su equipo para evaluar nuestras colaboraciones actuales e intercambiar ideas sobre futuras ampliaciones”.
El guardacostas Toba de la Prefectura Naval comenzó, esta vez, a patrullar la Hidrovía a la altura de Rosario. Foto: JUAN JOSE GARCIA – FTP CLARIN garcia21.jpg Z GarciaJJ Garcia-RosarioLos primeros en ser capacitados, adelantaron en el ministerio de Seguridad, serán los miembros de los grupos de élite conocidos como “Grupos Operativos Conjuntos”. Están integrados por miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales. Los GOC fueron creados por Bullrich en el 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.
Los Grupos Operativos Conjuntos de las fuerzas de seguridad federales.La cooperación policial norteamericana había disminuido profundamente durante las presidencias de Cristina Kirchner y tuvo poca intensidad con la gestión de Alberto Fernández pero ahora vuelve a crecer. Sobre todo en el 2018 cuando el ex canciller Héctor Timerman, por indicación de Cristina, abrió la caja de comunicaciones con un alicate de un avión militar de los Estados Unidos, para investigar si traía drogas. Luego, la ex presidenta hizo disminuir la presencia de la DEA en la Argentina, enojada con el ex presidente Obama que no la quería recibirla.
En la reunión del viernes entre Bullrich y Stanley se analizó la posibilidad de una capacitación, en particular, de oficiales de las fuerzas argentinas en la International Law Enforcement Academy (ILEA), en la ciudad de Roswell, Nuevo México, EE.UU.
Las Academias Internacionales de Aplicación de la Ley (ILEA) son academias de policía internacionales administradas por el Departamento de Estado de los EE. UU. En ellas se instruye a las policías locales en contraterrorismo, interdicción de narcóticos, detección de documentos fraudulentos y prácticas de control fronterizo. Hay cuatro ILEA regionales ubicadas en el mundo: una en San Salvador, otra en Budapest, otra en Bangkok y otra en Gaborone, Botswana. La central está en Roswell en Nuevo México.
Los instructores de ILEA son del FBI; la DEA y otros organismos como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que dirigió Eliot Ness, el policía que logró meter preso a Al Capone por evasión de impuestos.
Las primeras capacitaciones serán para los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) -que integran miembros de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria- y también podrían alcanzar a jueces y fiscales.
Estos grupos de élite actúan en el Noreste con una base con asiento en Posadas; en el Noroeste, en Salta y en la localidad bonaerense de San Nicolás enfocado en la Hidrovía y Rosario. La Hidrovía es la principal ruta de entrada de la marihuana que llega desde Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Mientras se proyecta armar dos más bases de GOC en la Patagonia sur y norte. Uno dedicado a la cuestión marítima y criminalidad compleja y otro a los desafíos de Vaca Muerta y los pasos fronterizos con Chile, explicaron fuentes policiales.
Durante el encuentro Bullrich y Stanley analizaron con preocupación el aumento de la cooperación militar entre Bolivia e Irán y la situación de la lucha contra el narcotráfico en Ecuador, luego del intento de golpe de los narcos de hace dos semanas atrás.
En cuanto al gobierno del MAS de Luis Arce, en particular, se analizó la decisión boliviana de pedirle “visas mínimas” a los iraníes que ingresen a su territorio. La Justicia argentina acusa a ex funcionarios iraníes de ser los autores intelectuales de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
Por su parte, Bullrich suministró a Stanley detalles de la deportación de la familia del narcotraficante “Fito” Macías a Ecuador y reiteró su oferta de ayuda policial para el gobierno del presidente Daniel Novoa, quien firmó un amplio acuerdo de cooperación contra el narcotráfico con EE.UU. por cinco años.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri monitorea la deportación de la familia del narco ecuatoriano «Fito» Macías, la semana pasada.En la reunión también se confirmó el viaje del subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols a la Argentina del mes próximo para intercambiar información, sobre todo por barrabravas, en relación con la seguridad durante la Copa América 2024 en los EE.UU.
Se abordaron diferentes temáticas como el intercambio de capacitaciones y métricas de víctimas, para lo cual resultaría la posibilidad de contar con la colaboración de la Universidad de Virginia. Las “métricas de víctimas” son estadísticas sobre denuncias de delitos para estudiar sus parámetros comunes y tratar de identificar a sus autores.
Participaron de la reunión del viernes entre Bullrich y Stanley, el jefe de Gabinete, Carlos Manfroni; el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; y el director nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, entre otros funcionarios.
Al margen de la reunión con Stanley, Bullrich esta semana se enfocó en la recreación del Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Este grupo de inteligencia había sido cerrado por el kirchnerismo por creer que habían filtrado los audios de los presos K en la cárcel de Ezeiza que adelantaron el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
La falta de inteligencia interna había permitido que, por ejemplo, los narcos siguieran manejando sus negocios desde adentro de las unidades penitenciarias.
Así Bullrich dispuso asilar a los presos más conflictivos y se investiga si algunos están relacionados con el Comando Vermelho o PCC de Brasil, el grupo narco más peligroso de América del Sur que ya se infiltró en Paraguay e intenta hacer lo mismo en Argentina.
Mientras tanto, Bullrich también “está enfocada con el traspaso de presos en comisarias de la Policía de la Ciudad de la CABA a espacios federales y la construcción y terminación de las cárceles que están en marcha” a pedido de su colega porteño Waldo Wolff.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recorre los ríos de la Triple Frontera en una lancha artillada de la Prefectura.Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro “quiere quedarse con la nueva cárcel de Coronada, Santa Fe, pero Bullrich insiste en que sea manejada por personal del SPF”.
El equipo de Bullrich está en alerta porque descubrieron que un preso detenido “en un establecimiento federal estaría iniciado en el PCC” y podría ser la pista de una organización más grande.