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Innocence project, la justicia sin vendas

Una ONG que intenta revertir las injusticias del Poder Judicial

En el marco de la investigación por el femicidio de Araceli Fulles, la organización Innocence Project Argentina, dedicada a defender jurídicamente a personas condenadas por error, tuvo un lugar fundamental como amicus curiae e impulsor de la revisión de las condenas que posibilitó la absolución por falta de pruebas de tres de los sentenciados a perpetua. 

En los últimos días de diciembre, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dictó el fallo que absolvió a Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas por el crimen de la joven de 22 años, que tuvo lugar en 2017 en la localidad bonaerense de José León Suárez.

El caso se basó en una presunta verificación del adiestrador de perros Marcos Herrero, quien estableció que su perro Halcón había detectado el olor de la víctima en el corralón de uno de los acusados y en el baúl del auto, a pesar de que no fue corroborado.

“Marcos Herrero carece de la capacitación adecuada para actuar como perito en temas de odorología y esta disciplina carece de suficiente sustento científico para basar en ella una condena”, afirmó el abogado y presidente de la organización Manuel Garrido. En esa línea, añadió que Herrero ya tenía antecedentes de acusaciones y condenas en causas anteriores por plantar falsas pruebas incriminatorias. 

Según lo expresó la organización en un comunicado, el fallo «es muy importante porque además de pedir que se investigue a Marcos Herrero por su actuación en este caso, solicita que se establezcan protocolos, supervisión y controles sobre quienes sean convocados en investigaciones criminales como expertos en rastro canino u odorología. El sistema de justicia penal debe ser mucho más cuidadoso con las pruebas que admite y evitar información de baja calidad, la charlatanería y el fraude». 

Inocente luego de que se demuestre lo contrario  

De forma gratuita, la entidad se dedica a defender jurídicamente a personas condenadas por error o que están en medio de causas armadas. Cuenta con un área de formación que ofrece prácticas profesionales y una clínica jurídica. «Buscamos generar un perfil de abogado activo, que vaya a investigar al terreno, romper el modelo de abogado de escritorio», explica el presidente de la organización Manuel Garrido en una entrevista realizada por Karina Micheletto para este diario.

Su búsqueda se basa en una transformación del sistema legal, para no incurrir en la condena de inocentes, además de la posibilidad de que, ante la sospecha de error, la revisión de cada condena se dé en tiempo y forma: «Que los reconocimientos sean distintos, que la prueba biológica se conserve después de las condenas, que los juicios se filmen, que los cambios científicos se incorporen», cuenta el abogado en la nota.

El organismo trabaja con casos que ya tienen sentencia. En primer lugar, realiza una evaluación de los casos que son presentados por familiares a través de un formulario. Luego de un análisis exhaustivo, se toman los que comprendan a personas que hayan sido injustamente condenadas.

Este año, la organización recibió alrededor de 370 solicitudes para el acompañamiento y defensa de este tipo de condenas erróneas. Actualmente, se encuentran en evaluación unas 96, ya que «lleva mucho tiempo analizar el caso, conformar la estratgia y después litigar». La ONG se presenta desde la figura de amicus curiae o «amigos del tribunal» para acompañar y además se trabaja en conjunto con el equipo de abogados penalistas que estén llevando adelante la defensa.

Y aseguran que 2023 fue un «año satisfactorio» ya que «casos muy importantes se resolvieron», haciendo referencia, además de a los liberados en el caso de Araceli Fulles, a las otras dos absoluciones, en causas distitnas, a acusados con sentencia firme por crímenes que no cometieron. 

Marcos Bazán

Uno de ellos fue el caso de Marcos Bazán, finalmente absuelto luego de pasar seis años en la cárcel condenado erróneamente por el femicidio de Anahí Benitez, ocurrido en julio de 2017 en Lomas de Zamora.

Luego de seis días de su desaparición, el cuerpo de Anahí fue encontrado sin vida en una fosa en la reserva natural Santa Catalina, cerca de la casa de Bazán. A raíz de la fuerte presión mediática, la fiscal solicitó la intervención de un adiestrador de perros llamado Diego Martín Tula, quien recabó las pruebas sin la presencia de la policía científica y sin el seguimiento de un protocolo.

Según Tula, su perro Bruno marcó la presencia de olor de la víctima en la casa de Bazán, aunque la prueba no fue corroborada por ningún otro perro ni por la evidencia científica encontrada en la casa del acusado, donde tampoco se halló nada relacionado con el crimen.

Luego de seis años en la cárcel cumpliendo su condena, Bazán resultó absuelto por el «beneficio de la duda» y a pesar de «la existencia de indicios», que para el Tribunal Oral no resultaron «suficientes» para acreditar su participación en el hecho.

«Marcos siempre quiso que se esclarezca el tema no solamente por él sino porque hay una chica a la cual violaron y mataron, pero él no fue. El día del fallo adhirieron organismos de derechos humanos y referentes como Nora Cortiñas o Rita Segato, porque él no era un femicida. Él es una persona a la que le inculparon un caso y le arruinaron la vida», expresan desde Innoncence Project.

Santos Clemente Vera

El otro avance de la organización fue la reciente absolución de Santos Clemente Vera, que cumplió más de diez años preso por el homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi en Salta en 2011.

Vera fue incriminado por Gustavo Lasi, coimputado en la causa al momento de ser detenido. Sin embargo, el oficial que redactó este informe fue individualizado por Lasi como una de las personas que lo torturaron durante su arresto y traslado.

Tras un allanamiento en la casa de Vera no se encontraron elementos que pudieran incriminarlo, ni tampoco se encontraron compatibilidades en los dos análisis de ADN (uno realizado en Argentina y otro en Francia).

Recientemente, hace dos semanas, al recibir la notificación del fallo, la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, ordenó la excarcelación que había sido requerida por la defensa.

La particularidad de este caso es que el padre de una de las víctimas estaba a favor de la absolución de Vera y acompañó todo el proceso para su liberación. «Se involucró en el caso como un padre que también quiere que se esclarezca el homicidio de su hija, pero no con un acusado que no tiene nada que ver», cuentan desde la ONG. 

Informe: Carla Spinelli

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