El Estado argentino recaudará U$S 14.166 millones del cultivo de soja, advierten ante la presión tributaria

El productor agropecuario Néstor Roulet expresó su preocupación por la carga tributaria que enfrenta el sector agrícola argentino. Según sus estimaciones, “el Estado se queda con más del 52% de los ingresos” generados por la oleaginosa en esa campaña, recaudando más de U$S 14.166 millones.

En ese sentido, Roulet advirtió que esta situación deja a los productores con “una renta de apenas el 4,5% del capital invertido”, lo que refleja una marcada disparidad entre los ingresos y la carga impositiva que soportaron.

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Asimismo, el informe elaborado por Roulet reveló los ingresos y gastos en los que incurren los productores y contratistas, tanto en campos propios como alquilados.

Además de las retenciones, se incluyen otros impuestos nacionales como Ganancias, Cheque y Bienes Personales, junto con impuestos provinciales y municipales. Estas cifras, sostuvo Roulet, ponen de manifiesto la “presión tributaria excesiva” que enfrentan los productores agrícolas en Argentina, planteando interrogantes sobre la “equidad y sostenibilidad” del modelo impositivo actual para el sector.

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En tanto, los cálculos de Roulet ponen en evidencia la difícil situación de los dueños de campo que alquilan sus tierras, quienes luego de deducir los costos impositivos, apenas logran obtener “7,6 qq/ha” de renta. Esto equivale a “un 1,5 % anual en dólares” sobre el valor del campo, lo que evidencia la escasa rentabilidad del negocio.

A su vez, para los inquilinos que realizan inversiones significativas en sus tierras, el panorama tampoco es alentador. Roulet señaló que, después de todos los gastos, estos productores apenas obtienen “una baja renta del capital invertido”, afrontando además todos los riesgos climáticos, biológicos y de mercado asociados a la actividad agrícola.

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Asimismo, el productor cordobés destacó la paradoja de que el Estado se quede con un porcentaje significativo de los ingresos sin asumir ningún tipo de riesgo ni realizar inversiones en el sector. Roulet afirmó que “el Estado se queda con el 52% de los ingresos sin riesgo y sin inversiones”, lo que “plantea serias interrogantes sobre la equidad y la sostenibilidad del modelo impositivo vigente”, señaló.

En este escenario, el análisis de Roulet dio detalles sobre el sistema de producción en campos alquilados, donde el Estado recauda un 6,5% más que en los campos productivos. El inquilino invierte 834 U$S por hectárea, el rendimiento final de apenas US$37,82 por hectárea reveló una rentabilidad ajustada del 4,5 % sobre el capital invertido, enfrentando una gama de riesgos que van desde factores climáticos hasta fluctuaciones en el mercado.

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A su vez, la ausencia de infraestructuras básicas, como caminos rurales adecuados o sistemas de seguridad para la carga, agrava esta situación, evidenciando un sistema donde el peso impositivo recae desproporcionadamente sobre el productor, describió.

Finalmente, este esquema financiero resulta aún más evidente cuando se compara con la recaudación estatal, que “asciende a US$ 14.166.537.500 de las 17,3 millones de hectáreas cultivadas, promediando unos US$818,87 por hectárea”. Con el valor promedio de la tierra agrícola fijado en US$15.000 por hectárea, “el Estado se queda anualmente con un 5,5 % de dicho valor, acumulando en los últimos 22 el 100 % del valor del campo”.