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Seguros del Estado: disponen una serie de medidas para investigar a Alberto Fernández

La causa por presunta administración fraudulenta contra el ex presidente Alberto Fernández, está en curso. El fiscal federal Ramiro González lo imputó junto al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y al broker del poder Héctor Martínez Sosa. En su dictamen se solicitó una serie de medidas que ya impulsó el juez Julián Ercolini, y según informaron a Clarín fuentes judiciales, la semana que viene saldrán más oficios para requerir información ante lo que entienden “es una causa de gran envergadura”.

Lejos de la Casa Rosada, Alberto Fernández abre su capítulo en materia judicial en Comodoro Py. Terminó imputado por administración fraudulenta, sin perjuicio -dijo el fiscal- que con el devenir de la investigación se le atribuyan más delitos, a raíz del sospechoso entramado en la Anses con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos.

La maniobra bajo investigación tiene punto de inicio a fines de 2021, cuando el presidente Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, “contrataba a un broker y a empresas privadas”, sostiene la denuncia de la abogada Silvina Martínez que dio origen al expediente.

La trama de contrataciones opacas con el rubro seguros -en el que Alberto Fernández inició su actividad política-, fue revelada por Clarín. Se desnudó una estructura que funcionaba dentro de la ANSES y que movió cerca de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros.

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El expresidente aceptó «que se investigue» su rol en el caso de presuntos beneficios a intermediarios que cobraron comisiones millonarias con pólizas de organismos públicos.

Los 20.000 millones de pesos, consta en la denuncia, es lo que le “paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”.

A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, la justicia ahora pone la lupa sobre un broker, que habría percibido una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%: unos 300 millones de pesos mensuales.

Con la investigación en curso, el juez Ercolini ordenó una serie de medidas de prueba, que impulsó el fiscal del caso.

El oficio firmado solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación “que aporte los antecedentes, actuaciones y dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021″, con el que Fernández impuso lo servicios de Nación Seguros.

También se requirió el envío de todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro y que se regían bajo la normativa que habilita la figura de los intermediarios.

El juez Ercolini además, solicitó a la AGN que remita copia de la totalidad de los informes de auditoría relacionados con lo dispuesto por el Decreto N° 823/2021, referente a las contrataciones de seguros por parte del Estado Nacional y las jurisdicciones con la firma «NACIÓN SEGUROS SA» «y/o cualquier subcontratación, coaseguro o reaseguro con otras empresas del rubro».

También, se pidió a la SIGEN que remita copia de la totalidad de los informes de auditoría referente a las contrataciones de seguros por parte del Estado Nacional y las jurisdicciones y entidades con la firma «NACIÓN SEGUROS SA» y/o cualquier subcontratación, coaseguro o reaseguro con otras empresas del rubro.

Por otro lado, el juzgado le pidió a la Secretaría de Legal y Técnica y a la Superintendencia de Seguros de la Nación que “aporten datos relevantes en ese sentido», para develar «cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”.

Se libró una orden de presentación a Seguros Nación se le dijo que remita la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/202, como así también de las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones.

La justicia busca esclarecer el rol como intermediarios de Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.

Parte de la investigación y de las medidas de prueba impulsadas por Ercolini también buscan determinar si este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernandez.

¿Cómo funcionó en este caso? En los convenios que firmaban desde el Ministerio con Nación Seguros había una cláusula que permitía el presunto negociado que se investiga: “la contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el Ministerio y Nación Seguros –Casa Central, Gerencia de Ventas Canal Organismos Públicos- admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses”, versa la normativa.

Durante los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia, Nación Seguros estuvo a cargo del abogado Alberto Pagliano, un amigo de la juventud de Fernández que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Este vínculo y un posible tráfico de influencias se encuentra bajo análisis por parte de la justicia federal.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto, que también denunciaron la maniobra, aseguraron que a partir de esa normativa se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y “brokers” en operaciones “poco transparentes”.

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