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Comunidades guaraníes denuncian al Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El pueblo índigena Mbya Guaraní denunció al Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por «la violación a los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, a la igualdad y no discriminación». Así lo dio a conocer este viernes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que acompañan el caso, junto a una vocera de la comunidad mediante una conferencia de prensa en la ciudad de Posadas.

Las 46 comunidades pertenecientes al pueblo originario, asistidas por dichos organismos, realizaron la denuncia el 20 de octubre de 2023, reiterando un reclamo que sostienen hace más de 20 años ante Estado: el «incumplimiento de normas convencionales, por su accionar omisivo y comisivo, consistente en imposibilitar el reconocimiento del pueblo Indígena Mbya en la Constitución de la Provincia de Misiones», expresaron en un comunicado de prensa.

Además le endilgan «la violación del derecho a la participación, de la prohibición de discriminación por razones étnicas, de garantías judiciales y de protección judicial» que se encuentran reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El 11 de diciembre la CIDH aceptó formalmente la petición y la trasladó al Estado para que presente sus observaciones con fecha límite el 11 de abril de este año. Esta es la primera vez que la Comisión le da un trámite tan rápido a una petición o denuncia contra el Estado argentino.

«El estado misionero está por primera vez ante un órgano al que tiene que dar razones de su omisión, razón que creo que no existe más allá del capricho de un grupo de funcionarios. Es la oportunidad que tienen para enmendar esa conducta. Porque es evidente que la cámara de representantes, mediante una ley y por unanimidad, mostró la voluntad del pueblo misionero de reconocer a la comunidad Mbya Guaraní en la constitución. Tenemos muchísimas expectativas de que el gobierno de Misiones se aboque a esta cuestión», explica a Página12 Julio García, abogado del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), que acompaña el caso desde su inicio.

El conflicto

En 2003 la Cámara de Representantes de Misiones, órgano legislativo con sistema unicameral, aprobó -mediante la Ley N° 4.000- la enmienda que implicaba la incorporación de los derechos del pueblo Mbya Guaraní a la constitución de la provincia. Para completar el proceso, el Poder Ejecutivo, en ese entonces a cargo del exgobernador Carlos Rovira, debía convocar a un referéndum para que el pueblo misionero votara por sí o por no a la iniciativa. Pero eso nunca sucedió.

Por esta razón, las comunidades plantearon ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad por la omisión en la que incurrió el Estado misionero, quien dejó a un lado el expediente durante once años. Una de las justificaciones fue que la cuestión se había vuelto «abstracta», porque la obligación del gobierno había caducado en 2005 en el primer llamado a elecciones luego de la enmienda. 

En consecuencia, el pueblo indígena planteó un recurso extraordinario que fue negado por dicho tribunal ante la Corte Suprema, a quien seguidamente se le presentó un recurso de queja, que el máximo tribunal resolvió que era una cuestión de índole provincial, es decir de derecho local, y que por lo tanto no tenía competencia para tratar el tema.

«Hay mucho circo y folklore a la hora de discutir la cuestión del territorio. El no reconocimiento de un sujeto jurídico y político en el pacto mínimo que es la constitución provincial lleva a que los indígenas el único camino que tengan es el judicial. Los indígenas no pueden elegir a sus representantes ante la Dirección de Asuntos Guaraníes, no tienen programas de tierra bancados por el estado provincial. Están afuera de la estructura del Estado: son sujetos pasivos de políticas públicas», comenta García.

El abogado sostiene, además, los motivos -y los beneficiados- que pujan sistemáticamente contra la incorporación de las comunidades originarias (en muchos casos, como el presente, preexistentes a la conformación de las provincias) a la vida constitucional: «Existe una cuestión de racismo y superioridad étnica en la relación de pueblos indígenas y sociedad, y también es evidente que hay intereses políticos y económicos muy fuertes ligados al territorio y a los recursos naturales».

Informe: Carla Spinelli

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