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Demoras y dudas por el pase a Seguridad del programa de testigos protegidos en casos de corrupción

Entre otras tantas oficinas públicas cuyo destino y conducción aún permanecen en el limbo de una transición política no terminada y los fuertes cimbronazos bajo los cuales gobierna Javier Milei, navega entre demoras e indefiniciones el programa de Testigos e Imputados Protegidos: un servicio clave para decenas de personas en riesgo de vida por sus declaraciones en causas por corrupción, narcotráfico o trata de personas.

El programa reflejó la montaña rusa polítca de la Argentina. A finales de 2018, antes de que Mauricio Macri dejara el poder, había 236 personas bajo ese régimen, que implica custodia permanente, y en algunos casos hospedaje, empleo y hasta mudanzas a otras ciudades.

Con el gobierno kirchnerista mediante -que puso al programa bajo el control del ministerio de Justicia, controlado en los hechos por Juan Martín Mena- muchos «protegidos» abandonaron esa custodia por desconfianza en sus cancerberos. En la actualidad, hay 46 personas dependientes del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona.

Pero el ministro le pidió al presidente que autorice el traslado del programa a su colega de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyos efectivos son quienes realizan la custodia en la práctica.

La mayoría de los testigos que están en el programa pidieron ingresar a él después de colaborar en causas de narcotráfico y trata de personas. La menor cantidad responde a las investigaciones de corrupción, motivo por el cual llegó a haber quince personas. Entre las más conocidas, sólo continúa custodiado Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta cuyas anotaciones dieron inicio al caso de los Cuadernos de las Coimas.

Aunque desde el Ministerio de Justicia confirmaron a Clarín que se está “trabajando en el traspaso para que le programa quede dentro del Ministerio de Seguridad”, los meses transcurren sin concretarlo.

La prioridad es siempre “garantizar el cuidado y resguardo de las personas”, que voluntariamente ingresaron a este sistema de protección. Tanto su inclusión como la salida del régimen de testigos protegidos, es voluntaria.

El programa proporciona “desde una simple custodia o botón antipánico hasta una re localización o cambio de identidad”, dependiendo siempre del informe de riesgo que se haga de cada persona.

Un programa clave, bajo la lupa política

El programa de protección de testigos se convirtió en un eje de disputa entre el gobierno de Alberto Fernández y su antecesor, Mauricio Macri. La gestión de Cambiemos había señalado que el sistema estaba desfinanciado. Sus fondos tenían carácter de reservados y lo que se expuso fue una falta de control en cuanto a la aplicación de los recursos.

A su vez, para la gestión de Alberto Fernández Cambiemos había utilizado el Programa para incidir en causas judiciales en contra de ex funcionarios kirchneristas, principalmente aquellas que involucran a Cristina Kirchner.

En sus últimos días de gestión, y a través de un DNU, Macri intentó crear la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un ente autárquico que no dependería directamente de las autoridades del Ministerio de Justicia. Buscaba que funcionara como un organismo tripartito, con la participación de la Justicia a través de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Procuración General. Se firmó un acta constitutiva y se dio intervención a la Justicia, pero nunca comenzó a andar.

Tras la llegada al poder de Alberto y Cristina, también por Decreto se ordenó que el programa regresara a la órbita del Ministerio de Justicia, donde se encuentra actualmente.

Según lo anunció, el gobierno de La Libertad Avanza busca traspasarlo a Seguridad. La explicación inicial, ante la consulta de Clarín, es que “es un sistema que funciona con custodia de las fuerzas federales y lo que se proporciona son dispositivos de seguridad”. Pero la promesa sigue en las carpetas.

“La cuestión se resolverá en los próximos días”, explicaron fuentes oficiales a este diario.

Mientras tanto, se indicó, “el Ministro de Justicia ordenó a sus colaboradores que aseguren la continuidad de la gestión operativa y la prestación de los servicios de protección habituales, en función de los requerimientos que formulen el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”.

Lo que para las gestiones puede ser “reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente», para algunos agentes del Poder Judicial, es más delicado: «hay que entender con mucha responsabilidad el tipo de casos que involucra a estos testigos, el presupuesto que demanda protegerlos, la logística y los dispositivos de seguridad que se deben considerar”, indicó un juez de Comodoro Py.

Además de Centeno, Laura Muñoz -la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, señalado testaferro de Amado Boudou- es otra integrante del programa por su declaración en el caso Ciccone. La suya fue de las primeras voces que se escucharon con preocupación cuando Alberto Fernández asumió el gobierno y ordenó que el ministerio de Justicia vuelva a tener custodia sobre este programa.

Con los años y de forma paulatina, algunos testigos protegidos abandonaron el programa: Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), José López (ex secretario de Obras Públicas), Leonardo Fariña (el valijero que declaró como arrepentido en la Ruta del Dinero K), entre otros.Todos lo hicieron alarmados porque su custodia pasaba a depender de los responsables políticos que ellos habían denunciado.

Cómo funciona el programa

Este sistema existe en Argentina desde 2003 y que se instaura como una red de protección para quienes dieron brindaron información delicada y relevante. Esto los obliga a elegir aceptar, en muchas ocasiones, a aceptar un cambio radical de sus estilos de vida.

Cuando un testigo ingresa al programa, se evalúa si el riesgo que corre es alto, medio o bajo y, en función de ello, se elabora el plan de seguridad.

Con reglas, muy estrictas, a la que no todos logran adaptarse, el programa asiste a hombres y mujeres que participaron en actividades delictivas o que fueron testigos de ellas, y que por ello pueden incidir en una investigación.

Como tantas otras políticas de Estado, este programa transitó un laberíntico camino. Antes del 2015 se lo conocía como “la remisería” porque -según explicaron durante la gestión de Cambiemos- “funcionaba más para el traslado de testigos que para brindarles seguridad de forma integral”.

Pero para quien busca convertirse en testigo o imputado protegido, hay fuertes restricciones sobre la tecnología que pueden utilizar: deben entregar todas sus cuentas de redes sociales y sus direcciones de correos electrónicos. En consecuencia, la comunicación con terceros ya no es voluntaria ni libre. Suena el teléfono en cualquier momento del día, sin previo aviso, con el único fin de supervisar que todo esté en orden. No hay WhatsApp, no hay Instagram, no se utiliza el celular para navegar, para informarse, para nada, solo para recibir esa llamada.

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