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En el Senado, el oficialismo quedó obligado a resolver la bomba de tiempo del mega DNU

Con la Ley Ómnibus caída, al Gobierno se le abre otro frente de tormenta en el Congreso: el mega DNU. Está pendiente de aprobación y mientras el kirchnerismo insiste cada semana con una sesión para rechazarlo en el Senado, ya hay sectores de la oposición dialoguista que exigen la constitución de la comisión bicameral de Trámite Legislativo que debe tratarlo.

Como contó Clarín, la vicepresidenta Victoria Villarruel viene recibiendo la presión del bloque de Unión por la Patria, que ya le pidió dos veces que convoque a una sesión especial para tratar el mega decreto de 300 artículos que incluye desde la derogación de la Ley de Alquileres hasta una reforma laboral.

«El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época. Los argentinos eligieron un camino. Y la agenda del Senado ya no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores», respondió Villarruel, que sigue pateando la decisión.

Pero la presión empieza a sumar otros actores. Lo cierto es que el DNU ingresó el 5 de enero al Congreso. La bicameral de Trámite Legislativo tenía 10 días para tratarlo y no solo no lo hizo, sino que ni siquiera está constituída.

La ley de tratamiento de DNU establece que cumplido ese plazo, cualquiera de las cámaras lo puede someter directamente a votación en el recinto.

Hay que aclarar que «no hay una posición unificada en ninguno de los bloques» de la nueva mayoría -que Villarruel conformó con la UCR el PRO y bancadas federales-, pero también admiten que el decreto firmado por Javier Milei es «criticado por una gran parte» de los senadores.

Después de los agravios y decisiones contra los gobernadores del Presidente, la situación se complicó aún más. «Los últimos acontecimientos y cómo el Ejecutivo está manejando el diálogo y la búsqueda de consensos no ayudan», planteó una fuente legislativa.

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri explicó que «el DNU, en su primer artículo, declara la emergencia en distintas áreas que el Poder Ejecutivo ya había modificado en la Ley Ómnibus». Puntualmente, el decreto firmado en diciembre por el Presidente declara las emergencias en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Al menos 2 de las 8 (fiscal y social) fueron eliminadas por el propio Gobierno durante la negociación de la ley en Diputados.

Para un sector de la oposición «es difícil que se apruebe el DNU porque en esta instancia es a todo o nada«. «El problema del DNU es del Ejecutivo, que tiene que resolver qué hacer con esa herramienta, si manda otro DNU que lo modifique, si saca algunos temas o lo convierte en leyes estructuradas por temas», precisaron desde la bancada radical.

La UCR, una de las bancadas más críticas del DNU, más por su forma que por su fondo, había planteado tres opciones: que lo manden en forma de ley -incluso la senadora Carolina Losada presentó el decreto como un proyecto de ley espejo- que dividan el DNU en partes o que se modifique la ley de DNU para poder aprobar algunas partes del texto y otras no.

Los radicales entienden que en algún momento habrá que tratar el DNU de Milei, así como también a los más de 100 decretos que quedaron pendientes sin tratamiento del gobierno de Alberto Fernández. «Lo más prudente sería que el DNU vaya a la comisión de Trámite Legislativo, más allá de que el cuerpo está habilitado para tratarlo en el recinto», le indicó a Clarín la radical mendocina Mariana Juri.

Está claro que la falta de aprobación del DNU deja al Gobierno en una tensión permanente porque si bien no hay intención de un sector de la oposición para rechazarlo, también ven «poco probable que se apruebe como está».

«Es una bomba de tiempo, porque el kirchnerismo va a pedir sesiones hasta que un día consiga el quórum. No está lejos«, asegura una legisladora.

Unión por la Patria, si tiene asistencia perfecta, tiene 33 senadores. Necesita cuatro más para el quórum. Los federales Carlos «Camau» Espínola y Edgardo Kueider consideran inconstitucional el decreto, están dispuestos a rechazarlo si hay una sesión. También contarían con la senadora de Río Negro Mónica Silva.

Pero acá también se plantea un conflicto interno dentro de La Libertad Avanza, porque si bien Villarruel ya designó a los 8 senadores que tienen que integrar la Bicameral, Martín Menem aún no hizo lo mismo con los representantes de la Cámara baja. Hay un conflicto abierto por las diferencias de interpretación que hay entre el oficialismo y Unión por la Patria. Es que Menem sólo quiere darle al kirchnerismo tres lugares en la bicameral, pero desde el bloque que comanda Germán Martínez piden cuatro sillas.

La semana pasada, la bancada libertaria del Senado mandó una carta a sus pares de Diputados para exigir que la Cámara Baja designe a sus legisladores.

Esa será la estrategia de Villarruel para no abrir el recinto: sostener que el trámite debe cumplir sus pasos y primero necesita ser debatido en comisión.

La comisión que regula los decretos presidenciales no se reúne desde el 8 de noviembre de 2021, mientras que en 2022 sólo se reunió para constituirse sin tratar ningún DNU. Durante la gestión de Alberto Fernández se emitieron 180 DNU. De ese total, hay 39 con despacho para ser tratados en el recinto mientras que otros 64 nunca llegaron a ser discutidos por la comisión.

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