Primero vía Zoom, y después de manera presencial, los gobernadores de Juntos por el Cambio, más aliados de provincias peronistas, le bajaron al Gobierno una propuesta casi a modo de advertencia: para que acompañen el dictamen de mayoría que impulsa el oficialismo, es «condición ineludible» que se elimine la suba de retenciones previstas en el proyecto de ley ómnibus y que ese ajuste se haga de los gastos tributarios del propio Ejecutivo.
Así, toma fuerza la posibilidad de que surja desde la oposición que el Gobierno espera tener como aliada un apoyo parcial a la ley, pero con reparos en lo que tiene que ver exclusivamente con el capítulo retenciones, lo que llevaría a ese sector a presentar un dictamen en minoría.
Los gobernadores representan la pata más dura en la negociación, e incluso cuentan con el apoyo de los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y el PRO. Sobre todo en el caso de los dos primeros, la postura es clara: o se da marcha atrás con el incremento de todos los derechos de exportación, o los votos para darle media sanción en Diputados a la ley tal cual está, no van a estar. Es así que toma fuerza, en ese sentido, la presentación de un dictamen de minoría que se viene analizando desde la semana pasada.
Todo el bloque de las provincias productivas viene siendo el más renuente a cerrar un acuerdo con el Gobierno si no se modifica el texto referido a las retenciones. Principalmente Santa Fe, con el gobernador Maximiliano Pullaro a la cabeza, pero también provincias como Mendoza, del también radical Alfredo Cornejo, o Entre Ríos, al mando de Rogelio Frigerio, uno de los gobernadores del PRO que mayor diálogo tiene entre ambos sectores políticos.
Fue precisamente Frigerio quien se reunió en la mañana del martes en Casa Rosada con el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse. Allí trasladó esta propuesta, que el Gobierno quedó en responder durante esta misma jornada, según supo Clarín de fuentes cercanas a la negociación y sintéticamente consiste en una suerte de compensación que los gobernadores plantean desde el Zoom que mantuvieron el domingo.
Que se elimine la suba de las retenciones y que sea el propio Gobierno el que elija reducir cualquier gasto tributario de los más de 30 regímenes especiales y con exenciones impositivas que tienen privilegios y que, según las provincias, representan un 4.5% del producto.
Apoyo de peronistas
El reclamo de los mandatarios de Juntos por el Cambio tiene rebote también en gobernadores peronistas como el cordobés Martín Llaryora, otro que viene sosteniendo que la ley tiene que salir, pero que no puede contemplara el actual esquema de aumento de retenciones. “Cuando uno tiene que colaborar a nadie le gusta pagar impuestos, pero los impuestos tienen que ser lo menos disruptivos posible. Le pusieron 15 a todo. Seguramente no tuvieron el tiempo necesario para hacer microeconomía, para tener en cuenta el interior. Zonas del interior después quiebran y quedan en el abandono, y no lo vamos a permitir», dijo Llaryora en una entrevista radial.
«Así como está, no va a salir la ley, sobre todo porque hay gobernadores de provincias muy pesadas como Santa Fe y Córdoba, que no van a tolerar que les suban las retenciones al agro», sostuvo el domingo pasado un allegado a la reunión que habían tenido ocho gobernadores de Juntos por el Cambio con los jefes de bloque de la oposición que podrían ser aliados al Gobierno si se llega a un consenso sobre la ley ómnibus,
En ese momento, el Gobierno todavía no había hecho cambios al proyecto en Ganancias, algo que los jefes provinciales venían reclamando, después de que en el final del mandato de Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa decidiera exceptuar del pago del impuesto a quienes estaban en la cuarta categoría.
Esa reversión que decidió el mileísmo, bajando el piso de $ 2,34 millones a $ 1,35 millones por mes, representa un buen gesto para las provincias, que venían planteando que se las estaba desfinanciando. Sin embargo, la suba de retenciones del 31% al 33% para los productos de soja sería determinante hoy en la negociación entre las partes y es lo que traba cualquier posible acuerdo a nivel legislativo.
Los votos de los tres espacios aliados de la oposición son clave para que la ley salga. El PRO cuenta con 37 diputados propios, la Unión Cívica Radical con 34 y Hacemos Coalición Federal con 23. Podrían asegurar una eventual mayoría en Diputados, sumando también los 38 votos propios de los libertarios en la Cámara baja, más algunos pequeños bloques que podrían apoyar el paquete de medidas.