SANTA FE.- En medio del inminente vencimiento del período de conciliación obligatoria dispuesto en el conflicto que mantienen la cooperativa láctea SanCor y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), la Justicia de esta provincia rechazó una medida solicitada por el gremio y determinó la remisión del caso a la cartera nacional, donde se dirime un largo conflicto entre las partes.
Según lo que indican profesionales que actúan en representación de la cooperativa de tamberos, Atilra tenía como objetivo volver a bloquear la producción de SanCor, como lo hizo desde el 17 de octubre último y hasta hace dos semanas. La resolución se adoptó en plena feria judicial.
Vale recordar que la semana pasada, mediante un comunicado, la láctea sostuvo que “la falta de elaboración, distribución y venta de productos durante el período comprendido entre el 18 de octubre al 22 de diciembre de 2023, concentrado en tres grandes conceptos, condujo a una pérdida que supera los 4500 millones de pesos”, situación que cesó cuando se dispuso la conciliación obligatoria, que vencerá mañana.
La resolución, dictada por el juez a cargo de los Juzgados en lo Civil y Comercial, Laboral, Responsabilidad Extracontractual y Familia en Feria, de los Tribunales de Rafaela, Lucas Martín, rechazó una serie de prohibiciones, restricciones y/o abstenciones con el propósito de preservar el interés de los empleados.
El gremio realizó una presentación para que se prohíba o restrinja a SanCor “realizar cualquier acto o negocio a título gratuito, así como cualquier acto de disposición onerosa que implique enajenación por cualquier título, de sus activos tangibles y/o intangibles”.
El gremio pretendía, además, que la Justicia le prohíba a la empresa láctea “realizar, sin autorización judicial previa, cualquier acto de administración, sea ordinaria u extraordinaria” que pudiera “alterar la situación de los acreedores laborales y/o la capacidad de pago”. Por ejemplo, SanCor no podría “cancelar deudas de causa o título anterior, a excepción de las deudas laborales exigibles; ni “distribuir excedentes o resultados provenientes de actos cooperativos”.
La restricción incluía el ejecutar “pagos de adelantos a proveedores, adquirir materia prima en exceso a la necesaria para la producción, celebrar contratos de cualquier índole que comprometan pagos, convertir en privilegiado un crédito de título o causa anterior a la presente”.
El magistrado sostuvo que las medidas requeridas son de “imposible o difícil reparación ulterior que justificara la adopción de las medidas solicitadas”. Advirtió que la entidad sindical reconoció que se encuentra en instancias de conciliación con SanCor y que la firma efectuó una propuesta de pago hacia futuro.
El juez consideró que “existen otras vías para proteger los derechos laborales de los trabajadores afectados y que las medidas solicitadas tenían todos los visos de una cautelar más que de una autosatisfactiva, lo que invalida su planteo y cierra el análisis”.
Fuentes relacionadas con la cooperativa comentaron hoy que “la postura judicial viene a destruir el mensaje, el discurso público de Atilra”.
“No se observa una gravedad como la que plantea el gremio”, se insistió en alertar por medio de fuentes judiciales requeridas por este medio, sin olvidar que “habiendo una conciliación, reconocida por el gremio, más propuestas hechas por la empresa, no es conducente darle curso al pedido”.