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Ley ómnibus: el Gobierno accede a más cambios y defiende el paquete económico y de seguridad

En la segunda jornada de debate, por decisión del Gobierno o falta de apoyo quedaron en el camino otros tramos controvertidos del proyecto ómnibus de Javier Milei. Patricia Bullrich anunció que el oficialismo retirará el artículo que exigía autorización para las reuniones de más de tres personas en lugares públicos. Más temprano, el capítulo de la reforma electoral acumuló rechazos incluso de aliados y hasta un diputado de La Libertad Avanza.

Obligado a ceder para sumar respaldo para avanzar tanto en la firma del dictamen como luego en el recinto, el oficialismo despejó otro de los puntos cuestionados, luego de que en el inicio del tratamiento Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, adelantara que la reducción del plazo de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

“Vengo a decir que nuestro objetivo es retirar ese artículo”, confirmó Bullrich de entrada sobre la obligación de notificar al Ministerio de Seguridad ante una “congregación intencional y temporal de tres o más personas” en un espacio público. La funcionaria se enfocó en fundamentar las reformas al Código Penal, con el aumento de penas para los cortes de calle y la resistencia a la autoridad.

En varios tramos mantuvo cruces con el kirchnerismo y la izquierda, que le apuntaron por “criminalizar la protesta”, y no sólo replicó cuestiones vinculadas a su área sino que defendió al Gobierno en materia económica y justificó a Milei por votar a favor de la rebaja del Impuesto a las Ganancias.

Más allá del discurso duro del Presidente, que habló de “aceptar sugerencias” para negar que el oficialismo estuviera embarcado en negociaciones, ya arrancaron las conversaciones con los bloques considerados “dialoguistas” en paralelo al desarrollo del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

«Lo elemental es el paquete fiscal, eso para nosotros es lo decisivo para que el país arranque o no arranque», reconoció un referente de La Libertad Avanza, involucrado en la incipiente búsqueda de acuerdos para conseguir votos. El articulado vinculado a la economía también tendrá resistencia, en especial los capítulos sobre privatizaciones, movilidad jubilatoria y suba de retenciones, por lo que formará parte de las negociaciones. Entre propios y aliados -el PRO en su mayoría y otros diputados sueltos- el oficialismo suma unos 80 legisladores, 50 menos de los necesarios para el qúorum.

“Están empezando a desmalezar, como pedíamos. El problema de la gente es la economía”, marcó Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, una de las diputadas que reclamaba que el Gobierno dejara el resto de las propuestas para discutir por separado y con más tiempo, durante el período de sesiones ordinarias.

Ese bloque, conducido por Miguel Pichetto y con 23 diputados, será uno de los espacios clave con la UCR (34) e Innovación Federal, los nueve que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Rio Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Referentes del PRO, decididos a avalar la mayor parte del proyecto y también el DNU, mantienen conversaciones con legisladores de esas bancadas, muchos hasta hace poco parte del mismo interbloque de Juntos por el Cambio. “Hablamos con todos, y más con los aliados naturales. Pero depende del oficialismo, más allá de que nosotros tenemos absoluta predisposición”, aclaró Silvia Lospennato.

A su vez, durante la exposición de Guillermo Francos, el capítulo de la reforma del sistema electoral -eliminación de las PASO, modelo de circunscripciones uninominales y cambios en el financiamiento de las campañas- quedó prácticamente fuera de carrera.

“¿Quién los asesoró en traer estas cosas en este momento y con esta urgencia?», apuntó el radical Rodrigo De Loredo. Lospennato, del PRO, calificó de “insólito” tratar una reforma electoral en extraordinarias. “No tiene el acuerdo ni el consenso para seguir adelante”, sentenció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Incluso el fueguino Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, tomó distancia de la pérdida de representatividad de su provincia (pasaría a un solo diputado) en caso de sancionarse el proyecto. «Percibo que hay un apoyo muy grande al proyecto», aceptó Francos, con ironía.

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