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La UBA mete presión y reclama al Gobierno que no ajuste el presupuesto universitario

Casi por unanimidad, con 24 votos a favor (incluso de los representantes del kirchnerismo), el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó este miércoles una resolución de rechazo al proyecto de ley de Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno al parlamento, que incluye un fuerte ajuste para las universidades nacionales.

Si bien ya se venían escuchando voces de la UBA que reclamaban un cambio en el texto de la ley, esta es la primera vez que la universidad se pronuncia formalmente en contra del recorte presupuestario.

Y lo hace a través de su principal órgano de gobierno, formado por los representantes de los decanos, los graduados, los profesores y los estudiantes. Y en una resolución que lleva la firma de su rector, Alberto Barbieri.

Antes de la pandemia. Una reunión de los integrantes del Consejo Superior de la UBA en 2019.

El rechazo incluyó hasta los votos de “consejeros K”, que habían elegido no pronunciarse sobre este tema antes de las elecciones, como Juan Carlos Reboreda, decano de Exactas y Naturales; Américo Cristófalo, decano de Filosofía y Letras; Marisa Fernández, minoría por el Claustro de Profesores; y Juan Manuel Romero, minoría por el Claustro de Graduados. 

Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) dijeron que esperarán cambios hasta la semana que viene y, si no obtienen “una respuesta satisfactoria” iniciarán acciones para que se escuche el reclamo.

“Vamos a ir a la calle. Hace meses que estamos a la espera de una respuesta, que nos dijeron que iba a haber en la inmediatez. ¿Qué tiene que pasar para que cambien el proyecto? El ajuste no puede venir siempre por la educación, ni en este gobierno ni en ninguno”, le dijo a Clarín Ramiro Fernández Sarraf, presidente de la FUBA, la organización que nuclea a todos los centros de estudiantes de la UBA.

La resolución firmada por el Consejo Superior este miércoles le mete presión al Gobierno nacional, que demora el tratamiento del Presupuesto 2022. Pero sobre todo le mete presión al ministro de Economía Martín Guzmán, responsable del texto de la ley con el ajuste para las universidades.

Ministro de Economía Martín Guzman. REUTERS

La semana pasada, el ministro de Educación Jaime Perczyk, le había dicho a Clarín que ese documento que llegó al Congreso contenía “errores que se van a corregir”. “Esto ya está acordado con el ministro de Economía, falta que lleguen las correcciones al Congreso”, había dicho entonces.

Antes había habido un compromiso del mismo Perczyk ante los rectores en el sentido de que no va a haber ajuste este año. Pero pasan las semanas y los cambios no llegan y esto preocupa a las autoridades de la UBA.

Ministro de Educación Jamie Perczyk, en una reunión del Consejo Federal de Educación.

Por eso, en la resolución explican que, así como está el presupuesto enviado al Congreso, la UBA el año que viene no va a poder afrontar sus tareas y funciones básicas. “El monto contenido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 para la UBA no le permitiría a la institución llevar a cabo sus tareas de enseñanza, investigación, extensión y prestaciones sanitarias de ningún modo”, dice la resolución.

El diputado radical Emiliano Yacobitti, que fue el primero que salió a pedir más presupuesto para Educación, señala la preocupación que hay con respecto al impacto que puede tener el ajuste en el área de salud, en universidades como la UBA o la Universidad Nacional de Córdoba que tienen hospitales.

“La inflación fue el doble en el sector salud con la pandemia, así que con el fuerte ajuste del presupuesto universitario estas funciones se ponen en riesgo. Necesitamos que, por ley, quede claro cuánto va a ir a cada universidad y cuánto para sus hospitales”, dice Yacobitti, quien ya se había negado a votar el presupuesto universitario el año pasado.

Para Yacobitti, el proyecto enviado al Congreso “atenta contra la autonomía universitaria”. Explica que es porque le otorga mucho menos peso a los montos que van asignados a cada universidad y más peso a los fondos de uso discrecional, que son programas del Gobierno nacional.

“Esto atenta claramente contra la autonomía, porque las universidades van a necesitar pedir fondos a la Nación para poder funcionar”, dice Yacobitti.

La semana pasada se conoció un informe del economista Javier Curcio, que le puso números al ajuste planteado por el Gobierno. Allí se señala que se prevé para 2022 un recorte de $522.490 millones en la inversión que hace la Nación para la Educación, que son $34 mil millones menos que en 2021 a valores constantes (considerando la inflación).

Y que esa reducción se explica principalmente por el ajuste en el presupuesto para las universidades nacionales.

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