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Defensoría de Niños y Adolescentes afirmó que el de Lucas es un “caso de gatillo fácil”

Foto: Paula Ribas,

La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes advirtió que el asesinato de Lucas González constituye “un caso de gatillo fácil” y sostuvo que se inscribe en una “dinámica de violencia institucional” a cargo de las fuerzas de seguridad que se despliega “contra los adolescentes de forma particular”.

El accionar de la policía, sostuvo el organismo a cargo de Marisa Graham, expresa que la faz punitiva de los Estados “tiene un impacto diferenciado y aún más violento entre los más pobres”, especialmente sobre los adolescentes que “habitan las barriadas populares de nuestro país, evidenciando un proceder peligroso y racista”.

“La policía es el primer eslabón de la cadena punitiva, la que tiene el control de los territorios y sobre la que se debe actuar de forma contundente para evitar cualquier tipo de respuesta sociopunitiva que atente contra la integridad de de las chicas y chicos que viven en cada barrio de nuestro país”, manifestó un documento del organismo.

Asimismo, expresó que en el caso Lucas González la Defensoría requirió información oficial a los organismos públicos intervinientes, como el Ministerio de Seguridad porteño y la Jefatura de Policía del Ciudad de Buenos Aires.

Además, realizó una presentación judicial solicitando información al Juzgado Nacional de Menores Nro. 4, que se encontraba interviniendo “por cuanto los adolescentes que se encontraban en el auto que fue atacado por las balas de la policía junto con Lucas, paradójicamente fueron puestos a disposición de la justicia penal e incluso privados de libertad bajo la caratula de ‘resistencia a la autoridad'”.

Posteriormente, dicho juzgado se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Correccional Nro. 7, expresó la Defensoría y advirtió que así, “quienes resultaron víctimas de un accionar policial ilegal, se vieron tratados como autores de algún delito”.

Y hoy, hasta lo que pudo indagar la Defensoría, “los tres policías involucrados en el hecho se encuentran libres y solo desafectados de su trabajo de manera temporal”.

En ese sentido, la dependencia oficial se interrogó sobre “qué sucedería si los jóvenes fuesen quienes hubiesen disparado” y observó que “raramente se encontrarían libres” como sucede actualmente con los policías involucrados en este hecho.

“Ello evidencia que allí donde el Estado debe llevar a cabo acciones especiales para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, culmina desplegando acciones que los revictimiza”, destacó la Defensoría en el documento firmado por Graham.

En ese contexto, consideró que resulta “esencial” un compromiso del poder político en todos los niveles de gobierno para “evitar este accionar criminal de las fuerzas de seguridad sobre las y los adolescentes”.

Asimismo, expresó que los discursos de dirigentes y funcionarios políticos promoviendo mayor uso de armas, la demagogia punitiva, la violencia como forma de control social o de supuesta “lucha contra la ‘inseguridad’ habilitan este repudiable accionar y sumado a ello, generen un consenso social que impacta directamente sobre la vida de las y los adolescentes más pobres de nuestro país”.

La Defensoría expresó que la democracia argentina “se encuentra en deuda” con la regulación, educación y control de las fuerzas policiales y señaló que debe “modificar su modelo punitivista-represivo por otro de seguridad democrática”.

En ese sentido, recordó que el Congreso de la Nación se encuentra debatiendo un proyecto sobre Violencia Institucional y sostuvo quela Defensoría realizó aportes técnicos y específicos al proyecto de “Protocolo de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad en intervenciones con niños, niñas y adolescentes”, elaborado por el Consejo Federal de Seguridad de la Nación.

“La aprobación de dicho instrumento resulta clave para regular estándares claros y objetivos respecto al accionar policial en resguardo de los derechos humanos de las niñas y los niños”, remarcó.

A su vez, señaló que el Poder Judicial “debe investigar hasta las últimas consecuencias” el proceder de las fuerzas de seguridad y “evitar escenarios de inmunidad e impunidad que debilitan trágicamente nuestra democracia”.

“En las responsabilidades para evitar consensos que promuevan la violencia contra los adolescentes es imperioso comprometer a los medios masivos de comunicación en el tratamiento mediático de casos como este”, remarcó y dijo que “debe primar la veracidad de los hechos, el respecto por los derechos de los adolescentes, evitando las estigmatizaciones”.

El documento firmado por Graham advirtió que la sociedad “no puede permanecer callada ante esta atrocidad” y señaló que todos los poderes del Estado, todos los dirigentes políticos “y el mundo adulto en general debemos comprender, conocer, entender y cuidar a nuestra niñez y adolescencia, evitando cualquier accionar discriminador y violento que atente contra su integridad y sus vidas”.