Soterramiento del Sarmiento: buscan pruebas de las coimas en Brasil y AndorraPolítica 

Soterramiento del Sarmiento: buscan pruebas de las coimas en Brasil y Andorra

Mientras se espera la llegada de las confesiones de los ex gerentes de Odebrecht que declararon haber pagado coimas por el contrato de soterramiento del Sarmiento, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi enumeró diez irregularidades en la licitación de esta obra que cuesta 3 mil millones de dólares y prometió profundizar la ruta del dinero. En su resolución, el juez acreditó el pago de dádivas (recibir regalos a cambios de decisiones administrativas) pero, hasta ahora, no de coimas.

Para el juez, los ex funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal dirigieron “su accionar, en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas que conformaran el consorcio liderado por Odebrecht con el fin de adjudicarle la obra y posteriormente sostenerlo”. Las irregularidades detectadas por el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez y avaladas por el juez, fueron: 

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– Ausencia de presupuesto oficial, sin justificación alguna, inobservancia de lo previsto por la Ley de Obras Públicas.- Ausencia de crédito legal, en inobservancia de lo previsto por el art. 7 de la Ley de Obras Públicas.

– Irregularidades relativas al dictado de la Resolución nro. 82/06, dirigidas a: 1) acotar la cantidad de posibles interesados en la obra, 2) evitar controles por parte del Congreso de la Nación, y 3) manipular el trámite licitatorio para direccionarlo.

– Irregularidades relativas al Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución nro. 82/06.

– Incumplimiento del art. 12 de la Ley de Obra Pública que establece la necesaria puesta en conocimiento de la documentación base del llamado a licitación en la provincia o territorio donde se efectuará la obra con anterioridad a la publicación del aviso y por su mismo término. 

– Falta de constancia sobre la publicidad de las circulares modificatorias y aclaratorias. Violación de los plazos para su emisión:  – Incumplimiento del Decreto 1172/03.

– Modificación de la obra y la restricción a potenciales oferentes.

– Emisión de circulares modificatorias en la ronda de consulta luego de vencido el plazo para presentar ofertas, sin la correspondiente publicidad y notificación en tiempo y forma.

– No conformidad de la Oficina Nacional de Crédito Público.

– La introducción de nuevas modificaciones en la obra luego de su otorgamiento en favor del consorcio adjudicatario.

Las maniobras, dice el juez, se hicieron bajo la órbita y el amparo de Julio De Vido, Baratta, Jaime y su asesor Marcelo Vázquez, y unos veinte ex funcionarios de menor jerarquía.

En su resolución el juez dijo que por ahora “no pudo acreditar” los pagos de coimas por unos 100 millones de dólares a ex funcionarios argentinos que admitió haber hecho ante la Justicia de EE.UU a través de su llamada “División de Operaciones Estructuradas”, desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore. Por ejemplo, hasta ahora no se comprobó, dice, la confesión del brasileño Luiz Antonio Mameri quien afirmó haber pagado coimas. No obstante, el fiscal Franco Picardi sigue con las tratativas para arribar a un acuerdo de colaboración con las autoridades de Brasil por el que finalmente “se receptaría la información oportunamente peticionada”, dijo el juez en su resolución.

Otra línea de investigación abierta es por la información proveniente de Andorra que reveló que unos 10 millones de dólares en coimas llegaron al Banco Privado de ese principado a través supuestamente de la financiera argentina Giovinazzo. En el consorcio para el soterramiento, la AfiP encontró un contrato llamado “Detección de riesgos técnicos, control de calidad y supervisión de obras de edificación S.A (DSC)”, por el monto de USD 10.316.253, por el cual la UTE realizó giros a una cuenta de la mentada empresa abierta en la Banca Privada D´Andorra S.A, por el suma de USD 4.495.250”.

Para la AFIP, el contrato sería “ficticio” y habría tenido como objeto derivar fondos al exterior con fines espurios. Sin embargo, la empresa presentó contratos de que los trabajos, en realidad, sí se habría realizado. Por eso el juez pidió corroborar esos contratos antes de tomar una decisión final. Por otra parte, “tampoco se lo logró acreditar, hasta la fecha”, que el dinero que fuera girado por el Consorcio Nuevo Sarmiento, a la cuenta de la Banca Privada D´Andorra S.A, perteneciente a la firmas DSC, luego hubiese sido transferido a la República Oriental del Uruguay, más precisamente a alguna de las cuentas que posee en el Banco Itaú, la firma Sabrimol Trading, vinculada a Jorge Ernesto Rodríguez.

En otro orden, se investigaron sobre las anotaciones efectuadas por Oscar Centeno -el chofer de Baratta- donde se detallan siete encuentros en 2013 entre Nelson Javier Lazarte, quien se desempeñara como secretario privado del Subsecretario de Coordinación y Carlos Alberto Rodríguez, primo del “Corcho” Rodríguez y accionista y empleado de la empresa “Nelly Entertainment S.A.” Para Martínez de Giorgi “sólo cuatro de los citados pagos se corresponderían con el periodo en el cual se encontraría involucrado Jorge Ernesto Rodríguez, según los dichos del (brasileño) Mameri (septiembre de 2013 a marzo de 2014) y no guardan relación con los valores sindicados por el nombrado”.

Si bien, en la causa, “sobrevuela la hipótesis” de que los integrantes de las firmas de la UTE CNS adjudicataria de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, habrían realizado pagos a funcionarios públicos hasta este momento, “las pruebas obtenidas no permiten acreditar dicha sospecha”. Finalmente, sí hay pruebas del pago de “dádivas por parte de integrantes de las firmas IECSA S.A. y Comsa S.A. a la empresa CAESA S.A. que manejaban a través de Ricardo Jaime y Manuel Vázquez. Así si bien corrobora “la existencia de un espurio vínculo entre empresarios y ex funcionarios públicos, no resulta prueba acabada de un cohecho, en razón de los montos comprometidos, su modalidad de entrega, y la imposibilidad de vincular tales desembolsos de manera concreta con el desarrollo de una conducta específica de los nombrados, en este caso ligada a la obra del soterramiento”.