Cristina Kirchner está en Comodoro Py para declarar en el juicio por corrupción con la obra públicaPolítica 

Cristina Kirchner está en Comodoro Py para declarar en el juicio por corrupción con la obra pública

Acusada de liderar una asociación ilícita que perjudicó al Estado, la ex presidenta Cristina Kirchner declarará este lunes en la causa en la que se investiga el redireccionamiento de la obra pública durante su mandato. Con el devenir de los hechos, el juicio se convirtió en histórico: por primera vez, una vicepresidenta electa es indagada por un caso de corrupción.

Vestida con un saco blanco, la ex mandataria arribó a los tribunales de Retiro a las 9:35. Un rato antes, su abogado defensor, Carlos Beraldi, presentó un último recurso para que la audiencia sea transmitida en vivo a través del sitio del Poder Judicial. Sin embargo, fue rechazado por los magistrados, con el voto mayoritario del juez Jorge Gorini y Andrés Basso.

“Con una carpeta en mano y ordenando sus papeles, Cristina se sentó a las 10:16 en el estrado. “Sí, voy a declarar”, dijo en tono firme en el inicio de su alocución. Solicitó que le acerquen su botella de agua antes de iniciar y que después resolverá si accede a responder preguntas.

Si alguien tenía la duda de la existencia del Lawfare, o no sabía de qué se trataba, la lectura que acaba de hacer el señor presidente de este tribunal donde se nos deniega transmitir en vivo y en directo esta audiencia, esto es una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este Tribunal”, fue lo primero que dijo en su indagatoria. Entonces amplió la idea: “Se trata de perseguir a dirigentes políticos“.

Su descargo es en el expediente en el que se la acusó como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado al haber direccionado 51 contratos a favor de Lázaro Báez por $ 46.000 millones. 

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En la justicia federal Cristina Kirchner acumula ocho causas en instancia de juicios oral -dos de ellas se unificaron- de las cuales cinco son por corrupción; siete pedidos de prisiones preventivas. Y en breve otro expediente respecto a la cartelización en la obra pública y el cobro de sobornos -vinculado al caso cuadernos- será elevado por el juez Claudio Bonadio.

Con este telón de fondo, la ex Presidenta llegó a los Tribunales de Comodoro Py bajo el argumento de que todo responde a una “persecución política”.

En el caso “obra pública”, el TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- la juzga hace siete meses junto a otros doce imputados: Julio De Vido, Carlos Kirchner, José López, Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios, y Lázaro Báez. Todos están acusados de “haber instaurado” una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública.

Según la acusación, esta “organización criminal” operó para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Sobre Cristina recae la principal acusación: haber sido “jefa de la asociación ilícita; como presidenta dirigió y controló el modo en el que se desarrollaba el sistema de beneficios a favor del Grupo Austral”, en “detrimento del interés estatal y en perjuicio del erario público”. Este circuito de contrataciones “irregulares” permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”.

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Durante el período investigado, Báez ya había tejido diversos negocios con la familia Kirchner: administró sus hoteles, construyó edificios para la inmobiliaria que después él mismo alquiló, compró o vendió quince inmuebles y un terreno en condominio con Cristina Kirchner.

Por eso, para la justicia esta causa, que inició con una denuncia de Vialidad Nacional es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero por las que fueron procesados Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, e incluso Báez. Es decir, se determinó que los fondos “blanqueados” provenían, en parte, de los contratos viales investigados en este caso.

JPE

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