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Investigan pedidos de datos sobre viajes de jueces

El juez Rodolfo Canicoba Corral inició una investigación para conocer si diferentes organismos públicos desplegaron acciones de “inteligencia ilegal” sobre jueces, legisladores, miembros de la prensa y dirigentes cercanos al Papa, entre muchos otros actos de relevancia política.

Ese listado incluye a todos los miembros de la Corte Suprema, pasando por los integrantes de las salas de la Cámara de Casación Penal, las salas de la Cámara Federal de Apelaciones, magistrados de instrucción de los juzgados que analizan los casos de corrupción, fiscales federales, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, diputados y senadores nacionales, funcionarios del gabinete de la Provincia de Buenos Aires, el jefe y la subjefa de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), los gobernadores de todas las provincia, entre muchos otros posibles “investigados” más. El fiscal del caso es Ramiro González, quien subroga por estos días a su colega Federico Delgado.

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De acuerdo a documentos de la causa, existirían resultados de requerimientos judiciales expedidos a múltiples entes del Gobierno nacional que tienen acceso a las claves de Migraciones, que permiten conocer las entradas y salidas del país de todas las personas que hayan cruzado fronteras de modo legal. Siempre de acuerdo a la versión del documento al que accedió Clarín, entre quienes fueron consultados, desde varios organismos vinculados a la Seguridad, como también la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), entre muchos otros entes con decenas de funcionarios que pueden acceder a la base de datos de Migraciones.

Ante un primer impulso del fiscal, Canicoba Corral determinó que se habían hecho consultas por las entradas y salidas del país de integrantes del Poder Judicial, que van desde magistrados de la Corte Suprema a integrantes de las diferentes Cámaras de Casación, la Cámara Federal y jueces de instrucción de Comodoro Py, y también funcionarios de la AFIP y de otros destacamentos públicos. Ese listado es, copiado en forma textual, el siguiente: “1-Juan Carlos Maqueda, 2- Ana María Figueroa, 3- Martín Irurzun, 4- Mariano Llorens, 5-Rodolfo Canicoba Corral, 6-María Eugenia Capuchetti, 7- Sebastián Casanello, 8-Daniel Eduardo Rafecas, 9- Luis Osvaldo Rodriguez, 10- María Romilda Servini de Cubría, 11- Marcelo Ignacio Aguinsky, 12- Javier López Biscayart, 13- Pablo Yadarola, 14- Claudio Gutierrez de la Cárcova, 15- María Gabriela López Iñiguez, 16- Sabrina Namer, 17- Angel Gabriel Nardiello, 18- Sergio Adrián Paduczak, 19- Javier Feliciano Ríos, 20- José Martínez Sobrino y 21- Nicolás Toselli”.

Los datos migratorios del propio Canicoba Corral habrían sido consultados por personas de las que se desconoce el nombre y por qué actuaron. Según fuentes de la Justicia, Canicoba Corral envió a sorteo su propio caso, y recayó en el juzgado de María Servini.

El juez tiene intenciones de seguir investigando si las consultas a Migraciones se trataron o no de un plan organizado desde el Gobierno para conocer los movimientos de migraciones de las personas antes aludidas, y de otras más de las que se esperan respuestas ante requerimientos elevados al Poder Ejecutivo.

La documentación del caso que obtuvo Clarín aclara que el tema debe tomarse con “cautela” para determinar si trata de potenciales delitos que engloban a un impulso común, o simplemente se trata de consultas hechas al azar por quienes tienen acceso a las bases de Migraciones. El expediente empezó a estudiarse tras una nota publicada por Carlos Pagni, en La Nación, titulada “El pestilente círculo negro del espionaje”, donde se nombran a distintos actores del mundo de la Inteligencia Nacional que habrían sido “objetivos” de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en acciones impulsadas sin orden judicial.

Desde la AFI desmintieron en forma categórica que ese organismo estuviera involucrado en esta historia. Clarín pudo saber que funcionarios nacionales conocen que sus nombres fueron buscados en Migraciones, aunque minimizaron el impacto que esto pudiera tener desde un costado judicial.

Lo mismo le dijo a este diario un juez federal de los nombrados: “Los viajes son datos públicos, no me parece que exista un delito si alguien los buscó en una base de datos con una enorme cantidad de usuarios”, aseguró. La información sobre el caso fue difundida por el sitio web identificado con el kirchnerismo “El Destape Web”, con un título que aludía a un supuesto “megaespionaje” que tendría como principal afectado al Gobierno.

En uno de los papeles de la causa se menciona como ejemplo de lo que podría descubrirse al falso espía y falso abogado Marcelo D’alessio.

Desde el Ministerio Público Fiscal se precisó la prudencia que debería tener esta investigación: “Ante ese panorama cabe concluir que la acción penal ya cuenta con impulso fiscal, que existen distintas líneas de investigación entre las cuales aún no se conocen conexiones precisas, que se debe avanzar con cautela en consonancia con el horizonte plasmado desde un inicio y que, en tal sentido, las medidas de investigación son las adecuadas para reducir el grado de abstracción y especulación con el objetivo de descubrir hechos claros y distintos. Debemos volver sobre el horizonte trazado y extremar los recaudos para que la investigación no se transforme en un teatro de operaciones, y ser cautos para que el legajo no sea permeable a la imposición de narrativas sin anclaje cierto en hechos”.

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